El Organismo Público Local Electoral (OPLE) y la Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas (Sedespi) firmaron este lunes un convenio de colaboración para establecer actividades de colaboración institucional para promover y garantizar el ejercicio de los derechos político-electorales de las personas pertenecientes a pueblos indígenas del estado de Chiapas.

La consejera electoral, Sofía Martínez De Castro León, explicó que la finalidad es establecer y coordinar acciones para desarrollar estrategias de apoyo para el ejercicio pleno de los derechos de los pueblos indígenas y en materia de participación ciudadana. Así como la difusión, divulgación, capacitación e intercambio de información para fomentar y estimular la cultura cívica y contribuir al desarrollo de la vida democrática entre la población chiapaneca perteneciente a los pueblos y las comunidades indígenas y para el ejercicio pleno de sus derechos.

“Este convenio viene a fortalecer de forma directa la relación de este instituto con los pueblos y comunidades indígenas a través de la Sedespi, que hoy se convierte en nuestro gran aliado. Para que este ejercicio pleno de sus derechos sea una realidad, no podemos referirnos solamente a los procesos electorales, sino a una actividad constante y permanente, con la firma del convenio se da un gran paso, a fin de proveer conocimientos, capacitaciones y coordinar actividades en materia de cultura cívica y capacitación para el pleno reconocimiento de sus derechos políticos electorales”.

A través de la firma de este convenio se busca dar a conocer a pueblos y comunidades indígenas de Chiapas, el catálogo de derechos políticos que están reconocidos para ellos en la Constitución y en las leyes, así como las vías y los procedimientos para hacerlos valer y respetar.

En el caso de Pantelhó, para las elecciones del pasado 6 de junio, solamente una casilla no pudo ser instalada, los resultados no fueron impugnados y, por tanto, el mandato popular debe ser respetado. El Estado mexicano, partidos políticos y sociedad tienen la obligación de respetar las reglas del juego de la democracia electoral y el mandato popular depositado en las urnas, so pena de debilitar la institucionalidad y el estado de derecho.