Millón y medio de personas hablantes de lenguas indígenas en Chiapas tienen atención médica solo en español, lo que pone en riesgo la salud y vida de las personas. Por lo anterior, la organización Ixchel: Acompañamiento en Salud, presentó en el Congreso del Estado un proyecto de decreto para que los centros de salud tengan intérpretes que hablen una lengua indígena.
Se dio lectura a la “iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, garantizando el derecho a interpretes en materia de salud”.
Esta pretende que el artículo 7 estipule: “En todos los servicios de atención, acción, trámite y procedimientos en materia de salud, se respetarán los derechos lingüísticos de todas las personas, y las que hablen una lengua indígena contarán con intérpretes y traductores de su variante lingüística con pertinencia cultural”.
Se solicitó que esta iniciativa sea turnada a las comisiones competentes para su análisis y dictamen correspondiente, y se legisle a favor de los derechos lingüísticos para que las lenguas originarias sean igual de válidas que el español en cualquier trámite en el sistema público de salud en Chiapas.
Se trata de la continuidad de un proyecto interinstitucional que nació en octubre de 2021, a través del cual se incorporó a 20 intérpretes de Ia organización Ixchel, hablantes de tseltal, tsotsil y tojol-ab’al a cubrir los principales turnos y áreas de seis hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Bienestar y la Secretaría de Salud, en San Cristóbal de Las Casas, Bochil, Altamirano y Ocosingo.
Esto permitió generar experiencias positivas durante la atención y tránsito por los hospitales a más de 18 mil personas y sus familiares, con múltiples beneficios sociales y en la calidad de la atención.
Si bien el impacto positivo del proyecto ha sido significativo y contundente, se expuso en el posicionamiento, “no es suficiente para dar cobertura a la demanda de los servicios de interpretación y traducción en los servicios públicos de salud”, por lo cual se busca que el Legislativo suba a grado de constitucional este derecho humano.