“Garantizar el derecho humano al agua y saneamiento en Chiapas es técnicamente inviable si la nueva Ley de Aguas no reconoce ni fortalece a los sistemas comunitarios”, así lo advirtió la Alianza Aguas Comunes y plantea cinco pilares indispensables al Congreso del estado y autoridades.
Lo anterior tras revelar que cerca de dos millones de personas en el estado, una de cada tres dependen parcial o enteramente de los sistemas comunitarios de agua para acceder al recurso, ante la falta de servicios públicos municipales en zonas rurales y periurbanas.
Con base en un análisis territorial realizado por RED+AGUA Chiapas, una coalición de 19 organizaciones que trabajan en agua y saneamiento en la entidad, a partir de microdatos del Censo de Población y Vivienda 2020 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh) 2024, la organización expone la brecha entre las cifras oficiales y la realidad de los hogares chiapanecos.
Reconocimiento legal: Asumir de manera formal a los sistemas comunitarios como la estructura real que sostiene el servicio, donde el municipio no ha logrado llegar.
Corresponsabilidad entre Estado y comunidades: Construir mecanismos de coordinación donde el reconocimiento comunitario no se traduzca en desatención pública o cargas desproporcionadas a las comunidades, sino en un respaldo institucional sostenido.
Capacitación y asistencia técnica: Dotar a los comités y patronatos de herramientas operativas, formación administrativa y acompañamiento técnico para la potabilización, mantenimiento de redes y protección de fuentes de agua.
Mecanismos de coordinación municipal: Crear vías permanentes de colaboración pública-comunitaria sin imponer trámites burocráticos, costosos o inaccesibles.
