Debido a la situación complicada que se vive en Chiapas con el tema de las asignaciones de obras públicas, en las siguientes semanas se espera el anuncio de una iniciativa que busque la protección de constructor y proveedor, para que los proyectos contratados reciban el pago que corresponda y no se lleve a las empresas a la quiebra, puntualizó Juan Pablo Montes de Oca Avendaño, presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Dijo que se debe realizar un trabajo de voluntad del Gobierno del Estado y del federal pero también los constructores, para evitar cualquier acto de corrupción de ambas partes.
Más allá del “moche”, puntualizó, no hay un sólo pretexto para que las obras que se hagan en Chiapas sean de mala calidad, se debe priorizar el beneficio que recibirá la población.
“Parece ser que el contrato no es suficiente para garantizar que se le pague, entonces tenemos que encontrar otro mecanismo para garantizar que ya no queden adeudos”, puntualizó.
En ese sentido, comentó que el retraso en el tabulador de precios impacta en los constructores, porque no están actualizados el costo de los insumos y el margen de utilidad es bajo o inexistentes.
Aclaró que los datos se tienen que establecer con base en la inflación y en el crecimiento de los precios de los materiales que se ocupan, no hay porcentaje establecido pero sí una propuesta para atender el tema.
El diputado local mencionó que en los siguientes días tendrá una reunión de trabajo con los empresarios del sector, para revisar el aspecto legislativo y si hay que hacerse modificaciones con el gremio para proteger el derecho y la calidad, así se realizará.
Al haber en Chiapas más de tres mil empresarios de la construcción, no hay recurso económico que alcance para atender a todos la inversión en infraestructura.
