"Alberto Noriega * CP. Mario Bustamante Grajales, el ex funcionario pablista sobre quien pesan las denuncias por irregularidades en el manejo de 90 millones de pesos destinados a la reconstrucción de las zonas afectadas por el huracán ""Stan"", se encuentra arraigado.
Además, al menos seis funcionarios más del primer círculo del gobierno pablista se encuentran sujetos a investigación para determinar su probable responsabilidad en el presunto desvío de recursos para la reconstrucción.
El ex titular de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) está sujeto a proceso penal acusado de los delitos de peculado, ejercicio indebido de funciones públicas y asociación delictuosa, por lo que no podría alcanzar el beneficio de la libertad bajo fianza.
Cabe destacar que Mario Bustamante Grajales es considerado uno de los funcionarios del primer círculo del ex gobernador Pablo Salazar Mendiguchía, cuya administración ha sido sindicada -en el Congreso de la Unión, incluso- de incurrir en presunto desvío de los recursos destinados a la reconstrucción en 41 municipios afectados por el huracán ""Stan"" en octubre de 2005.
La demanda contra el ex hombre de confianza del pabliato se une a la interpuesta en contra de 150 servidores públicos que han sido demandados penalmente por haber incurrido en desvío de recursos por más de mil millones de pesos relacionados con el plan de reconstrucción tras el huracán ""Stan""; de ellos, tres fueron inhabilitados y se les impuso sanciones económicas por un monto global de 201 millones 87 mil 877 pesos.
Cabe destacar que tras las primeras indagatorias llevadas a cabo por la Contraloría del Estado, se han presentado denuncias en contra de 21 ayuntamientos municipales, más de 300 empresas particulares y 15 profesionistas en su calidad de supervisores de obras relacionados con la administración de Pablo Salazar Mendiguchía.
Dentro de las auditorías realizadas a la extinta CEAS, una de las muchas dependencias inmiscuidas en el quebranto financiero, saltan las siguientes irregularidades:
-Pagos improcedentes por deficiencias técnicas por un monto de cuatro millones seis mil 956 pesos.
-Obras inoperantes por deficiencias técnicas (sin funcionamiento): ""Planta de tratamiento de aguas residuales, municipio de Tonalá, Chiapas"", sobre un número total de diez contratos; sistemas de agua potable de las localidades de Nuevo Porvenir, municipio de Chanal, y El Ciprés, La Fortuna, Tres Amores y Las Guayabitas, todos del municipio de Las Rosas, Chiapas, sin funcionamiento, sobre un número total de dos contratos. Monto: cuarenta millones 373 mil 807 pesos.
-Deficiente planeación: obra inconclusa, derivada del contrato CEAS-DPI-07-04-007 A, correspondiente a la localidad de Tzajalococh, del municipio de Oxchuc, Chiapas, al haberse agotado los recursos por incremento de volúmenes de algunos conceptos, sin que se hayan tramitado nuevos recursos para su terminación. Monto: un millón 524 mil 999 pesos.
-Faltante de documentación comprobatoria: en expedientes unitarios de obra como bitácoras, estimaciones, números generadores; sobre facturas, vales de distribución de combustible y nóminas de servicios personales. Monto: 41 millones 309 mil 196 pesos.
-Incumplimiento de contrato: respecto al plazo de ejecución del contrato CEAS-PSCR-05-046 A, correspondiente a las localidades de El Triunfo Tercera Sección (El Santuario), municipio de Juárez, Chipas; Nicolás Bravo Segunda Sección y San Carlos, municipio de Pichucalco, Chiapas, al no haberse rescindido, encontrándose abandonados los trabajos constructivos. Monto: un millón, 455 mil 104 pesos.
-Así como faltante de documentación justificatoria respecto a recursos ejercidos en diversos programas del organismo y gasto corriente (facturas, vales, autorizaciones, entre otros) por un monto de un millón 757 mil 344 pesos.
Las irregularidades más graves de la auditoria realizada a los recursos para la reconstrucción tras el paso del huracán ""Stan"", se han encontrado en el Instituto de la Vivienda (Invi), donde su ex titular, Socorro del Carmen Domínguez Aguilar, se encuentra sujeta a proceso de responsabilidad, al igual que otros funcionarios de ese organismo.
Así también, se sigue el proceso contra Horacio Schroeder Bejarano, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil, donde se detectó un monto irregular por un millón 435 mil 159 pesos, por falta de cumplimiento en las obras de puentes de hamaca.
Así también, en la Comisión de Caminos, presidida en el sexenio anterior por Reybel de los Santos Romero, hay un monto irregular de 38 millones 974 mil 936 pesos, por deficiencias en la ejecución y pago de obras, así como la inexistencia de documentación comprobatoria del gasto, por lo que las investigaciones continúan.
Otra de las dependencias inmiscuida en las irregularidades es el Comité de Construcción de Escuelas, presidido en el anterior sexenio por Carlos Cruz Coutino, donde se investigan anomalías por un monto de cuatro millones 808 mil 517 pesos, por deficiencias en la ejecución de obras y pagos de conceptos de obra no ejecutados.
Finalmente, donde más irregularidades se encontraron fue en el Instituto de la Vivienda, cuya titular en el sexenio pasado fue Ada Griselda Bonifaz Villar -sujeta también a investigación- , donde se detectaron anomalías por un monto de 967 millones 43 mil 41 pesos, por falta de documentación comprobatoria del gasto, aplicación de recursos a un fin distinto de su objeto, deficiencias en la ejecución de obras y deducciones no enteradas.
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