Los golpes al narcotráfico en este sexenio son, por mucho, superiores al de los gobiernos pasados. Como nunca antes ha sido decomisado dinero, drogas y se han arrestado a miles de delincuentes. Por primera vez, además, se consiguió que Estados Unidos aceptara su responsabilidad y brindara ayuda a México más allá del respaldo discursivo. Todo lo anterior es cierto, y sin embargo, casi 20 mil personas han muerto en los últimos cinco años por acciones ligadas al crimen organizado, 7 mil 710 ejecutados sólo en 2009.
Desde un principio las encuestas han mostrado un apoyo casi incondicional de la población hacia la guerra contra el narcotráfico, incluso a sabiendas de que los costos serían altos. Lamentablemente para el Gobierno Federal eso no impide un desánimo creciente respecto de las expectativas hacia el futuro. La percepción es que la batalla no avanza en favor de las fuerzas del orden. No por nada en diversas declaraciones los funcionarios federales han culpado a los medios de comunicación de tergiversar el parte de guerra. Informar todos los días sobre descabezados, ejecuciones colectivas, extorsiones y secuestros, no podría traer otra consecuencia.
øDebería entonces tenernos sin cuidado el aumento en la cifra de asesinatosú Por sí mismos los datos son escandalosos, pero no indican necesariamente que la guerra se vaya perdiendo o ganando; hay que hacer comparaciones per cápita con otras naciones como Colombia y varios países centroamericanos para saber que la situación en México es menos alarmante; además hace falta precisar quiénes son las víctimas. El problema, por lo tanto, va más allá, porque sean cinco mil o 20 mil los muertos no conocemos siquiera, a años de cometidos, los motivos específicos de cada crimen, menos el rastro de los culpables.
La obligación del Estado de investigar y perseguir los delitos ha sido incumplida. Por cómo se han dado las detenciones de sospechosos, el Gobierno Federal muestra depender más de la coincidencia que de la investigación, lo cual da pie a injusticias contra la población civil. Esto queda en mayor evidencia ante la pasividad mostrada por las ejecuciones de policías. Salvo casos de amplia difusión mediática, pocos terminan en la detención de los responsables.
Aunado a lo anterior, la recuperación de plazas dominadas por el narco ha obedecido sólo a criterios policíacos. Se desestima la necesidad de acompañar a soldados y policías con trabajo social que prevenga las adicciones y el narcomenudeo. Los jóvenes siguen recurriendo al narcotráfico como forma de vida.
Estamos ante un círculo vicioso que sólo puede romperse con el replanteamiento de la guerra contra el narcotráfico, de lo contrario habrá más decomisos y arrestos, pero también cada vez más muertos.
El Universal
