Diversos países y comunidades de todo el mundo ya están sufriendo fuertes impactos derivados del cambio climático, entre los que se incluyen sequías, inundaciones, desastres naturales más frecuentes e intensos, y aumento del nivel del mar. Y los sectores más vulnerables son los más afectados.
Con el Acuerdo de París, el mundo se comprometió a mantener para fin de siglo el aumento de las temperaturas medias mundiales por debajo de 2o C con respecto a los niveles preindustriales y “proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento” aún más, a 1,5o C.
Las temperaturas mundiales ya se han elevado 1,2o C por encima de los niveles preindustriales. El cambio climático incrementa la volatilidad y pone en peligro los esfuerzos para poner fin a la pobreza.
Si no se adoptan urgentemente medidas para reducir la vulnerabilidad, brindar acceso a los servicios básicos y generar resiliencias, para 2030 unos 100 millones de personas más podrían verse empujadas a la pobreza como consecuencia de los impactos del cambio climático.
Los impactos de los desastres naturales extremos equivalen a la pérdida de USD 520 000 millones en consumo anual, y cada año sumen en la pobreza a unos 26 millones de personas.
La desnutrición ha sido identificada como el mayor impacto del cambio climático en la salud en el siglo XXI. Según previsiones, por cada 1o C adicional de aumento en las temperaturas mundiales, se producirá una disminución del 6 por ciento en el rendimiento de los cultivos de trigo en todo el mundo y una caída del 10 por ciento en los de arroz, lo que repercutirá significativamente en la desnutrición y el retraso en el crecimiento de los niños en regiones pobres o con escasa seguridad alimentaria.
El financiamiento que se necesita para encarar una transición ordenada hacia una economía mundial resiliente y de bajo nivel de emisiones de carbono se estima en el orden de los billones de dólares, no de miles de millones.
En los próximos 15 años, el mundo requerirá unos USD 90 billones para invertir en infraestructura nueva, principalmente en los países en desarrollo y de ingreso mediano. Por lo tanto, es crucial que se adopten con urgencia decisiones acertadas en favor de una infraestructura resiliente frente al cambio climático, que garantice un desarrollo con bajo nivel de emisiones de carbono. Si se actúa ahora, se ahorrarán enormes costos más adelante.
Para alcanzar los objetivos planteados en el Acuerdo de París, se necesitará la acción internacional concertada en una escala y velocidad sin precedentes.
Solo será posible alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible si se abordan junto con el cambio climático. El mundo pronto necesitará alimentar a 9000 millones de personas a la vez que reduce las emisiones; deberá brindar acceso al servicio eléctrico a 1100 millones de personas al tiempo que inicia una transición para dejar de utilizar combustibles fósiles, y tendrá también que prepararse para albergar a 2000 millones de nuevos residentes urbanos a la vez que reduce la huella de carbono de las ciudades y mejora la resiliencia urbana.
Las medidas en el área de las políticas, incluida la fijación del precio del carbono, pueden contribuir a generar incentivos para el cambio.
La fijación de precios para el carbono representa una opción normativa simple, justa y eficiente para abordar el cambio climático. También puede generar beneficios adicionales, al reducir la contaminación del aire y la congestión de tránsito, evitando a la vez los costos adicionales que conllevan las medidas correctivas asociadas con trayectorias de crecimiento con niveles elevados de emisión de carbono.
En lo que respecta a las empresas, la fijación del precio del carbono les permite gestionar los riesgos, planificar sus inversiones de bajo nivel de emisión e impulsar la innovación. Según la edición más reciente del informe: Situación y tendencias de la fijación del precio del carbono, se han puesto en marcha ocho nuevas iniciativas para fijar precios para el carbono, y se prevé implementar otras dos en 2018. Esto lleva a 47 el total de iniciativas de fijación de precio del carbono ya implementadas o previstas. En total, 67 jurisdicciones han fijado un precio para el carbono.
No obstante, para lograr una transformación de las inversiones en la escala necesaria, debe ampliarse la cobertura de este tipo de esquemas, y los precios deben elevarse. En la actualidad, en el 85 por ciento de todas las modalidades utilizadas para establecer precios para el carbono se fija un valor de menos de USD 10 por tonelada de CO2 equivalente.
La Comisión de Alto Nivel sobre los Precios del Carbono, presidida por Joseph Stiglitz y Nicholas Stern, concluyó en mayo de 2017 que si para 2020 se estableciera un precio de entre USD 40 y USD 80 por tonelada de CO2 equivalente, y se lo incrementa a entre USD 50 y USD 100 para 2030, se podría alcanzar el objetivo central del Acuerdo de París, es decir, mantener el aumento de la temperatura mundial por debajo de los 2 °C.
