Tras la difusión en redes sociales de diversos videos que evidencian agresiones contra mujeres indígenas en distintos municipios de la entidad, la diputada Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de Chiapas, reconoció que la problemática va más allá del marco legal y exige una profunda revisión de la impartición de justicia, así como un cambio cultural y educativo en las regiones más vulnerables.
En entrevista, la legisladora fue cuestionada sobre qué ha faltado para que la ley se aplique de manera efectiva en estas comunidades, donde las barreras geográficas y lingüísticas suelen complicar el acceso a la justicia.
Ante ello, Castillo Atristain dijo que es lamentable que estos hechos violentos sigan ocurriendo en pleno 2026.
Normas
Recordó que el Congreso local ha trabajado activamente en la creación de normas protectoras. “Estamos hablando de que este Congreso del Estado se ha caracterizado por legislar leyes a favor de las mujeres, no solo recientes como la Ley Petrona, por ejemplo, de casos que han sido muy sonados en nuestro estado”, puntualizó.
Sin embargo, la diputada fue enfática al señalar que el andamiaje jurídico por sí mismo resulta insuficiente si no va acompañado de acciones concretas en otros frentes.
“No solamente se trata de una cuestión de leyes. También se trata de una debida impartición de justicia y también de un tema cultural y de educación”, subrayó.
Rezagos estructurales
La titular del Congreso estatal reconoció que persisten rezagos estructurales en varias regiones de Chiapas, donde la violencia contra las mujeres indígenas suele naturalizarse o quedar impune debido a la falta de denuncia, el temor a represalias o la deficiente actuación de las autoridades locales. Por ello, insistió en la urgencia de reforzar las estrategias en todos los puntos del territorio estatal.
“Creo que debemos de reforzar en cada uno de los puntos de nuestro estado y que sepan las mujeres que hoy en día y más que nunca, cuentan con todo el respaldo a través de las instituciones de este gobierno, pero también de leyes que las protegen”, afirmó Castillo Atristain, al tiempo que envió un mensaje directo a las víctimas para que confíen en los canales institucionales.
La legisladora concluyó su intervención haciendo hincapié en que la solución requiere un enfoque integral que combine el fortalecimiento de los sistemas de justicia local con campañas permanentes de sensibilización y educación en derechos humanos, sobre todo en los municipios con mayor presencia indígena, donde la impunidad y la desigualdad histórica han perpetuado ciclos de violencia que el Estado está obligado a romper.
