"Francisco Valdés Ugalde * El Universal. Es imposible aceptar que la ""realidad"" puede apreciarse sin conceptos. Hay severos problemas conceptuales en nuestra condición como país. Lo pone de manifiesto el intercambio apresurado sobre los cambios necesarios que se ha dado en lo que va del año y que se acelera conforme se agravan los problemas.
El Ejecutivo ha anunciado que enviará al Congreso varias iniciativas en política y economía. En la primera materia propondrá la reelección inmediata de legisladores y munícipes, la reducción del Congreso, las figuras de plebiscito y referéndum y una mayor transparencia en la organización de los órganos electorales. Enhorabuena. Pero la sola idea ha desatado controversias sobre la pertinencia de las medidas mismas y su vinculación con otras características del sistema político.
Es aquí precisamente donde es necesario un nuevo enfoque conceptual. Hemos insistido en que las reminiscencias autoritarias del sistema político mexicano derivan de la cirugía mayor a la que la élite triunfante de la Revolución Mexicana sometió a la Constitución de 1917. De esta cirugía, una verdadera refundación constitucional autoritaria, derivó todo un paquete de medidas y reglas que hicieron posible la construcción del presidencialismo de partido hegemónico.
Una enumeración elemental (que expongo en detalle en un libro que aparecerá en breve) basta para darse cuenta de que el problema requiere una visión de conjunto. En 1928 Álvaro Obregón impuso en el Congreso bajo su dominio las desmunicipalización de la capital del país convirtiéndola en regencia bajo las órdenes del presidente de la República. La actual capital todavía no acaba de salir de ese hoyo. Además, con el pretexto de que los magistrados de la Suprema Corte representaban al ""porfirismo reaccionario"" mandó cambiar los mecanismos constitucionales, de profundo carácter federal, mediante los cuales se designaba a los altos magistrados. De nuevo, lo que hizo fue atraer estos nombramientos a manos del presidente y de un Congreso sometido.
En 1932, no bien fundado el Partido Nacional Revolucionario, el general Manuel Pérez Treviño, su primer presidente y epígono de Plutarco Elías Calles, inició una campaña en contra de la reelección consecutiva de legisladores y munícipes. A pesar de que una buena parte de los miembros ilustrados del Congreso repudiaba la medida porque constituía una privación a la ciudadanía de su derecho a controlar a sus representantes, finalmente se impuso un conjunto de transformaciones constitucionales que piramidaron y centralizaron el poder de manera que entre el sistema de gobierno y el partido hegemónico se construyera una gigantesca revolvedora de grillos que hacían fila para acercarse al poder y disfrutar de sus beneficios en un país de súbditos.
Así, se restringieron las potestades del municipio y, de manera sumamente grave, las atribuciones de las legislaturas de los estados federales para poder disponer, como lo manda el artículo 40 constitucional, de manera soberana en el manejo de su régimen interior. Municipios y legislaturas de los estados quedaron sometidos a los gobernadores puestos por el presidente y su partido. Junto a otras medidas complementarias, entre ellas un férreo control electoral, se creó la ""dictadura perfecta"".
Parafraseando a Tito Monterroso, cuando despertamos el dinosaurio aún estaba allí. En efecto, si bien hemos hecho transformaciones relevantes en materia electoral que garantizan el sufragio efectivo, no hemos procedido de igual manera a desmontar el sistema de ejercicio autoritario del poder en el gobierno. Sigue intacto pero con una salvedad: al introducir la institución del sufragio y una dosis de pluralismo político, la relación de subordinación del Congreso al presidente fue destruida y con ella, al no edificarse una nueva relación entre ambos poderes, ha reventado también la posibilidad de cooperación entre ellos y ha abierto la política al predominio de estrategias oportunistas de todos los actores, que no están sujetos a reglas de nuevo tipo que los obliguen a competir y, a la vez, a cooperar para producir resultados legislativos y de política pública benéficos para el país y no sólo para los políticos y sus partidos.
Un cambio de óptica que abarque el problema de conjunto incluye admitir la contradicción moral insoluble entre el autoritarismo de la Revolución y la nueva democracia bajo el statu quo existente. Pero hay un obstáculo más: el tipo de sistema de partidos que surgió de la reforma de 1996 es en exceso cerrado y solipsista. Es necesario abrirlo y para eso no hay de otra que aceptar candidaturas independientes, pues de otra manera seguirán actuando para preservar los privilegios de los que deriva su baja calidad política y de servicio público.
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