Los mexicanos tenemos derecho a contar con un seguro médico universal, y actualmente existen los recursos financieros para lograrlo. Con esta idea en mente, funcionarios del sexenio pasado crearon el Seguro Popular, que sin embargo nació debilitado, entre otras cosas por no absorber las tareas del IMSS, ISSSTE y otras dependencias. Esa hubiera sido la opción más lógica para ponerlo en marcha.
La razón política del gobierno foxista para este equivocado diseño fue que no quiso enfrentar al sindicato del IMSS, el cual pedía, en caso de que se ampliase el número de beneficiarios, extender también los privilegios laborales al personal médico y de servicio que se sumaría al nuevo objetivo.
En lugar de negociar, convencer y eventualmente someter los intereses de este sindicato, la autoridad sanitaria federal decidió darle la vuelta al problema creando una nueva y muy abigarrada figura que hoy se conoce como Seguro Popular.
Esta instancia terminó siendo un fondo de recursos federales, los cuales son destinados a las instituciones locales de salud para que sean ellas las que ofrezcan los servicios médicos.
En los hechos, la ejecución de los recursos, la atención a los pacientes y la construcción de la infraestructura médica no depende directamente del Seguro Popular sino de las autoridades locales. Si éstas hacen correctamente su tarea, el Seguro da buenos resultados, y viceversa.
En efecto, este modelo no genera un trato igualitario: si se vive en Chiapas, Oaxaca o Guerrero, los servicios sanitarios derivados del Seguro Popular serán mal operados. En cambio, si se habita en regiones más favorecidas (Monterrey, Guadalajara, Distrito Federal), la atención será mejor.
Para funcionar, el Seguro Popular ha de ofrecer servicio idéntico en todo el país. Ello supone replantear su modelo y reponer el proceso que le dio origen, para crear una instancia sanitaria capaz de abarcar homogéneamente a todo el territorio nacional.
La peor decisión que podría tomarse sería fragmentar aún más el ya de por sí disperso sistema de salud (que incluye IMSS, ISSSTE, DIF, Secretaría de Salud, instancias sanitarias estatales y municipales). Lo lógico sería volver a la base original y armar un organismo nacional que termine absorbiendo a todas las demás instancias.
Esto implicaría, entre otras cosas, la tarea de enfrentar a las anquilosadas y sobreprotegidas dirigencias sindicales que ya antes han impedido este proceso. En conclusión, México necesita más Seguro Popular, no menos. (El Universal).
