En el corazón de la región Frailesca, pequeños productores mayores de 60 años libran la batalla de conservar variedades locales de maíz (criollo) ante el avance de semillas híbridas y políticas agrícolas que priorizan el rendimiento comercial.
Un estudio etnográfico publicado en la revista Estudios Sociales revela que, pese a recursos limitados y escaso relevo generacional, estos guardianes del maíz mantienen viva una tradición milenaria basada en significados culturales y prácticas resilientes.
El 80 % de los productores supera los 60 años de edad; dedican su vida a la agricultura y siembran en promedio solo 2.27 hectáreas (ha) de maíz criollo, frente a 6.44 ha destinadas a híbridos comerciales.
Para estos campesinos, el criollo no es solo un cultivo, sino seguridad alimentaria, herencia familiar y adaptación al entorno. Destacan sus ventajas como mejor sabor en tortillas, resistencia a sequías y suelos pobres, y menor dependencia de agroquímicos.
“Si comió usted tortilla de criollo ya no le da hambre más tarde; la de Maseca no sostiene”, afirma Ausencio, uno de los entrevistados. Pese a ello, la presión económica los obliga a cultivar híbridos para vender, mientras reservan el criollo para consumo propio.
El estudio identifica retos críticos como la falta de apoyo gubernamental, rechazo de molinos locales a maíces “de colores” como el negro (“porque pintan el equipo”), y migración juvenil. “Si no estudias, te vas al campo”, resume un productor, evidenciando el estigma hacia la labor agrícola.
Además, programas como la Ley Federal de Maíz Nativo (2019) han tenido impacto nulo en la zona. Los investigadores advierten que, sin políticas que valoren los saberes locales y fortalezcan el tejido social comunitario, este patrimonio biocultural podría desaparecer con sus actuales custodios.
La investigación, fue liderada por María de los Ángeles Fonseca-Flores (Universidad Autónoma de Chiapas), Antonino García García (Universidad Autónoma Chapingo), Francisco Guevara Hernández (Unach) y Manuel Roberto Parra Vázquez (Ecosur), quienes analizaron 25 unidades domésticas campesinas del ejido Jesús María Garza (Villaflores).
