Canadá ha sido tradicionalmente un país generoso con los migrantes. No podría ser distinto pues se trata de una nación enorme que requiere intensivamente de mano de obra. Grandes grupos provenientes de Europa del este, de Asia y de América Latina han contribuido a su desarrollo, y aunque en menor medida, los mexicanos también han hallado en ese lugar un destino que se ha vuelto más atractivo durante la última década.
A partir del endurecimiento migratorio de Estados Unidos, los flujos de población de México a Canadá han aumentado sustantivamente. Un atajo que los coyotes habían encontrado para los mexicanos migrantes consistía en recurrir a las leyes en materia de refugio político, presentando el caso ante las autoridades canadienses como de imperiosa necesidad por razones de persecución o inseguridad. Destacados ejemplos son el de Napoleón Gómez Urrutia, líder del sindicato minero, o el de Francisco Barrio, quien sin hacer formalmente esa petición fue designado embajador en Canadá, ya que -se dijo- su vida corría peligro en la entidad que gobernó de 1992 a 1998, Chihuahua.
Muchos otros mexicanos llegaron a Canadá con ese argumento, hasta que el gobierno de esa nación constató que alrededor de 90% de las solicitudes eran falsas. Con este dato en la mano, las autoridades canadienses decidieron exigir visas para nuestros connacionales que deseen viajar allá por turismo o negocios.
Sin embargo, no alcanza a ser creíble que el tema de los refugiados haya sido el único motivo para adoptar esta drástica medida. La otra explicación, documentada por este diario en marzo, se halla en el robustecimiento de los nexos entre las pandillas canadienses dedicadas al tráfico de drogas y los cárteles mexicanos, en particular con la organización encabezada por Joaquín El Chapo Guzmán.
Resulta lamentable que, además de sus efectos internos, la tragedia del narcotráfico nos siga cerrando puertas a los mexicanos en el exterior.
