El certificado de sellos digital permite a los contribuyentes emitir facturas electrónicas, su cancelación se ha convertido en una medida de presión efectiva, pero controvertida por parte del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para asegurar el cumplimiento fiscal de los particulares.
Su uso indiscriminado o desproporcionado puede derivar en una represión fiscal afectando directamente a la operación comercial y flujo de ingresos de los mismos, vulnerando los derechos fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y la seguridad jurídica.
Especialista
El asesor fiscal empresarial, Javier Nava Castillo, indicó que es el área de recaudación de la autoridad fiscal y no la de ejercicio de facultades (de auditoría) que suspende los sellos, dejando en inamovilidad operativa, con el argumento de que el contribuyente tiene un crédito fiscal o diferencias sin corroborar.
“Se cae en un circulo vicioso porque el contribuyente no puede pagar porque no puede emitir facturas y obtener ingresos. Además, levantar esos sellos es muy complicado, hay casos que se llevan hasta ocho meses, para una empresa es irse a la quiebra”, expresó.
Es bastante compleja la relación de contribuyentes con autoridades fiscales, el sistema tributario mexicano está cayendo en poca movilidad y entendimiento entre ambas partes, consideró el especialista.
Falta de criterios
Indicó que la tecnología del SAT sin duda es buena, pero quien lo maneja no tiene el criterio para hacer un análisis adicional sobre lo correcto e incorrecto, lo que arroje se manda automáticamente al contribuyente la carta invitación o cita para revisión profunda.
“Se dejan llevar por un sistema y no verifican si está arrojando el producto que realmente se está midiendo. Hay que tomar en cuenta que la emisión de una factura electrónica tiene más de mil 500 reglas, que lleva a cometer errores por omisión”, expresó.
