El presidente de la Comisión de Justicia en el Congreso de Chiapas, Raúl Bonifaz Moedano, informó de la iniciativa presentada a la Mesa Directiva de la 68 Legislatura y que se vincula con un decreto de reforma a la Constitución local (artículos 40, 52 y 75), para que las personas que aspiran a participar en un cargo de elección popular no hayan sido condenadas por violencia familiar o en contra de las mujeres.
Dentro de la exposición de motivos, se detalla que la propuesta busca que aquellos que quieren asumir funciones en las diputaciones, gubernatura o para magistrados del Poder Judicial, lo hagan con decoro y dignidad, de lo contrario no podrán ser compatibles para asumir dichas funciones.
“(...) queremos dar un mensaje de lucha frontal contra la violencia, de ahí que proponemos la inhabilitación para los cargos públicos que tienen como precepto una vocación de servicio y respeto por los demás, particularmente las mujeres y niños”, detalló el legislador en la exposición de motivos.
De hecho, cuestionó sobre qué se puede esperar de una persona en un espacio público cuando en uno privado ha violentado a mujeres, niñas o niños. En la argumentación, Bonifaz Moedano señaló que los funcionarios deben cumplir con mejores perfiles, con vocación y sentido social, situaciones que se construyen desde el hogar.
“Estimamos que la violencia familiar y la violencia contra la mujer constituyen un hecho ilícito, suficiente para conocer antecedentes del comportamiento de una persona y que deben ser parámetro para escoger a los hombres y mujeres que desempeñarán cargos públicos”, remarcó en el escrito enviado a la Mesa Directiva del Congreso de Chiapas.
Dentro de la reforma propuesta a la fracción IV del artículo 75, la iniciativa proyecta que quede de la siguiente manera:
“Artículo 75.- Para ser magistrado o consejero de la Judicatura del Poder Judicial se requiere: I. a III, IV. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que amerite una pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratara de violencia contra la mujer, violencia familiar, robo, peculado, concusión, cohecho, enriquecimiento ilícito, fraude, falsificación, falsedad en declaraciones ante la autoridad judicial, abuso de confianza, contra la salud, u otro que lastime seriamente su buena fama en el concepto público, habrá inhabilitación para el cargo, cualquiera que haya sido la pena”.
