"Durante los últimos meses ha preocupado mucho al país lo que está sucediendo en algunos de los estados de la frontera norte de la República, por sus altos índices de violencia, que han alcanzado cifras inauditas y que debe ser detenida cuanto antes.
Las autoridades de los tres niveles de gobierno dicen tener bien detectado el problema, pero el hecho es que hasta ahora nada se ha conseguido para contener la sangre que corre por aquellas entidades.
Los ajustes de cuentas entre bandas criminales en Baja California, Tamaulipas, Chihuahua y Nuevo León ya son cosa de todos los días, así como los asesinatos de jefes policiacos y el acoso a ciertos grupos de la sociedad, como el de los periodistas. Sectores de las economías locales, como las inversiones y el turismo, ya se han visto afectados por la falta de garantías y seguridad, lo que amenaza la estabilidad financiera de dichas regiones.
Ahora le ha tocado a Rosarito, en Baja California, en donde con lujo de violencia y ostentación de impunidad, una patrulla con criminales recorrió la ciudad, persiguió a sus víctimas y las ajustició, sin que las autoridades locales tuvieran ni siquiera oportunidad de frustrar sus planes, que culminaron en la decapitación de tres personas. Si bien existe la presunción de que alguna vertiente de los delincuentes centroamericanos llamados maras tuvieron participación en los hechos, por la sana con que realizaron sus acciones, el hecho cierto es que no existió fuerza del orden alguna que pudiera detener su mortal cacería por las calles de Tijuana y Rosarito.
Las autoridades de todos los niveles de gobierno no pueden asegurar, después de estos hechos, que la criminalidad no ha rebasado a las policías. Esto, que es inadmisible en cualquier tiempo y circunstancia, es todavía más delicado que suceda justo en la recta final de un proceso electoral que ha sido, de suyo, tenso y polémico. Esto revela la fragilidad policiaca para conjurar cualquier intento de sabotaje por parte de estos grupos bien pertrechados, que pueden imponerse a cualquier autoridad de gobierno por su poderío económico y armamentístico.
Da la impresión de que los grupos criminales estuvieran enviando un mensaje de violencia. zA quién dirigen este mensaje? zPor qué?
El país no debe quedar expuesto a tal indefensión. Deben ponerse en marcha mecanismos que sean en verdad efectivos para erradicar la violencia. El multipublicitado programa México Seguro, echado a andar meses atrás con el objetivo de reforzar desde el ámbito federal a policías locales y municipales de entidades con altos niveles de violencia, no ha arrojado resultados efectivos, como puede comprobarse por los hechos de Baja California.
La lucha contra la criminalidad no debe suspenderse bajo ninguna circunstancia, ni por consideraciones económicas ni políticas. La batalla contra ese flagelo afrenta a toda la sociedad y en esta lid no se pueden escatimar esfuerzos.
No es posible presenciar una ""caravana de la muerte"" como la que se vio esta semana en el norte del país. Policías y gobiernos deben retomar el control de sus entidades y no permitir más ese tipo de agresiones que afectan a las víctimas directas del delito y a toda la nación. (El Universal)
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