Publicado el jueves 22 de mayo del 2003
Muestra del encono del gobierno con la prensa en Chiapas, es la administración de Pablo Salazar Mendiguchía y el diario Cuarto Poder que se han liado en litigios jurídicos y denuncias públicas hasta llegar a lo que el periódico cataloga como venganza política: el encarcelamiento de Conrado de la Cruz Morales, director de comercialización de Cuarto Poder e hijo del propietario de ese medio.
Exactamente dos meses antes de la elección estatal, el 20 de junio de 2000, Cuarto Poder publicó que el candidato Pablo Salazar ejercía como abogado con papeles falsificados y que carecía de título profesional.
Desde entonces no han dejado de aparecer notas y comentarios en el periódico en torno a esta presunta usurpación de funciones y uso de documentos falsos por parte de Salazar Mendiguchía.
Todavía candidato, Salazar Mendiguchía demandó a quienes consideró los artífices y más activos promotores de la campaña en su contra, a Pedro René Bodegas Valera, secretario de Educación del estado, que había sido rector de la Universidad Autónoma de Chiapas y al diputado local, Ramiro Miceli Maza, por delitos de falsificación de documentos y su uso para perjudicarlo, de asociación delictuosa, ejercicio indebido del servicio público, difamación y encubrimiento.
Según sus acusadores, el actual gobernador chiapaneco habría falsificado cartilla del Servicio Militar Nacional, certificado de estudios profesionales, acta de examen profesional, título y cédula profesional.
En respuesta, el entonces candidato aseguró que fueron sus enemigos quienes falsificaron varios documentos. Quien imitó su firma en la “supuesta cédula profesional” (el folio pertenece al de una mujer que estudió en Morelos) debió ser, asentó en su denuncia, una persona “totalmente desequilibrada emocionalmente, dado que refleja un claro nerviosismo al hacerlo por la acción temblorosa proyectada”.
Según Cuarto Poder, están por cumplirse tres años de la denuncia y de que Salazar Mendiguchía pidió “paciencia” a los periodistas para demostrar que sí es un profesionista del Derecho. Y todavía no aporta la información prometida.
En cambio, Conrado Gustavo de la Cruz Morales fue aprehendido (en Cancún) y enviado a prisión acusado de fraude, corrupción de menores, robo agravado y asociación delictuosa, presuntamente cometidos en otra actividad, la de empresario de la discoteca Líquido, en Tuxtla Gutierrez.
Su padre, Conrado de la Cruz Jiménez, director general del periódico, afirma que todo se inscribe “en un contexto de represión” del Gobierno estatal, que amagaba con órdenes de aprehensión contra periodistas. Así lo había denunciado Conrado en la carta a la Sociedad Interamericana de Prensa desde diciembre de 2000.
El caso Líquido
En un informe proporcionado a El Financiero, la Procuraduría de Justicia de Chiapas describe el caso denominado a la discoteca como el “antro Líquido”, de la cual era socio mayoritario Conrado hijo.
Indica el informe que ex trabajadores de la discoteca denunciaron que, de la noche a la mañana, los propietarios habían cerrado el sitio sin pagarles sueldos ni dar liquidaciones, “simulando la venta de la empresa”.
A ese delito de fraude se le sumó el de robo agravado, señala el informe, cuando el socio mayoritario sacó “furtivamente” los bienes de la empresa y los guardó en el rancho Las Potrancas, propiedad de su madre María Morales Ruiz, cuando se supone que “ya no era, jurídicamente, dueño de la empresa”.
Encabezada por el ex subprocurador de la República, Mariano Herrán Salvatti, la Procuraduría chiapaneca le imputó “corrupción de menores” a Conrado, porque su empresa contrató para laborar “en ese centro de vicio” a dos menores de edad.
Y finalmente le aplicó “asociación delictuosa” junto con sus socios Raúl Alejandro Nuricumbo Morales y Carlos Antonio Martínez Arias.
La detención de Conrado de la Cruz Morales ocurrió en Cancún, el 25 de abril, en donde había estado con su familia vacacionando.
Su padre y director del diario Cuarto Poder alegó invasión de jurisdicción estatal, a lo que contestó la Procuraduría que no fue necesaria la intervención de la policía de Quintana Roo -aunque se enviaron los oficios de colaboración, aseguró-, toda vez que De la Cruz Morales fue aprehendido en jurisdicción federal, en el aeropuerto internacional de Cancún, con apoyo de autoridades federales.