Unos 100 mil pesos de multas y penas de cárcel de hasta 13 años, son las sanciones para quienes comercialicen animales restringidos, como el caso de monos, guacamayas y el jaguar recientemente recuperado; pero además, los compradores también podrían ser vinculados a proceso judicial.
Esto explicó Óscar Velázquez, abogado de la Unidad Jurídica Regional de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), quien agregó que la dependencia tiene el reto de sensibilizar a la ciudadanía sobre la urgencia de conservar y preservar estas áreas. El encargado de la vida jurídica de la Conanp en Chiapas explicó diversos tópicos a los que se enfrenta la dependencia, destacando acciones contra la tala, el tráfico ilícito de diversos recursos naturales, las invasiones y cambio de uso de suelos sin regulación, incendios, entre otros.
Expropiación y declaración
En este contexto, dijo es pertinente conocer que existen dos status jurídicos de las áreas naturales protegidas: primero el expropiatorio que son aquellos donde la Federación hace suyos los terrenos y luego entrega en administración a la Conanp.
Mientras que por otro lado destacan los declarativos, que son aquellos que no se expropian pero se imponen modalidades de conservación a la propiedad, esto ocurre mayormente donde se comparten espacios reservados y centros poblacionales. Recordó que en la entidad se cuentan hasta unos 22 espacios naturales protegidos, entre parques nacionales, reservas de la biosfera, áreas de protección de flora y fauna, área de protección de recursos naturales, santuarios y recientemente humedales de montaña.
En alguno de estos se habían extraído los animales antes mencionados, pues son espacios naturales donde habitan en vida silvestre. En todos los casos la Conanp actúa con el amparo de la ley, pero lo más relevante es que se han tenido considerables avances, frenando las acciones que habían tenido una dinámica compleja a finales del siglo pasado.
