Chiapas no cuenta con protocolos de actuación para atender en los centros penitenciarios a la población Lésbisco, Gay, Bisexual,Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ) que está privada de su libertad.
Al respecto, Maciel Osvaldo Hernández Palacios, integrante del Departamento Jurídico del Centro Estatal Preventivo número 1 conocido como “El Canelo”, comentó que este sector está prácticamente olvidado al no existir normas jurídicas que respeten en su totalidad al grupo vulnerable.
Dijo que corregir esta situación implica capacitación tanto para el personal de seguridad, de custodia, a especialistas y todos los que estén involucrados, para que conozcan cada identidad de género que existe dentro de este sector y no seguir violando sus derechos humanos.
Aseveró de esta manera que la Constitución Política mexicana habla de derechos que están acorde a los tratados internacionales, pero al final en la Ley de Ejecución Penal -que es la que rige los centros penitenciarios a nivel federal y estatal- se hace una separación de manera sexista.
Perspectiva de género
Externó que quien pertenece a la población LGBTTTIQ no se le coloca con base en un protocolo con perspectiva de género por parte de los que imparten justicia.
Aunque la ley establece en uno de sus principios rectores de la protección a la identidad de género, etc., al final de la clasificación dice que es hombre y mujer, por lo que enfatizó que debe encaminarse una reforma para que se pueda atender a este sector sin violar sus derechos humanos.
Adentro, expresó, este sector es vulnerable y sufre violencia; ante ello, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha hecho múltiples llamados y recomendaciones para observar y realizar normas que garanticen el respeto del grupo LGBTTTIQ tanto en los centros de impartición de justicia y de detención, llámese Fiscalía o cárceles.
Propuesta
En este sentido, el funcionario y académico externó que al no haber una buena clasificación, trabaja en un protocolo para la preservación de los derechos humanos de estas personas para presentarlo ante la autoridad competente penitenciaria para que tomen en cuenta esta situación y no exista la vulneración de la identidad y a la dignidad humana que está consagrada en la Constitución Política mexicana. “El juzgador tiene que preguntar a qué centro tienen que ir pero no es así”.
“Para establecer cómo debe actuar la autoridad penitenciaria al tener una persona de este rubro dentro del sistema que ha sido sentenciada y en la ejecución de penas, se tiene que tomar en cuenta al juez de Ejecución de Sentencias, quien es el que vigila la reinserción social”, mencionó.
Hernández Palacios expuso que para tener una reinserción social exitosa es conveniente el respeto a los derechos humanos, para que no vuelvan a delinquir y por el contrario, sean productivas y sanas dentro de la sociedad.
Finalmente, invitó cambiar el chip del machismo y la homofobia, ya que anteriormente ser de otra preferencia sexual era un delito, pero ya no se debe tolerar y se tiene que aplicar verdaderamente los tratados internacionales y la ley establecida en la Constitución.
