El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Francisco Ramírez Acuña, subrayó este martes la necesidad de un buen sistema penitenciario en el país. Tras la fuga de 44 reos en la cárcel de Apodaca, Nuevo León, manifestó que ese hecho habla de la corrupción que impera en los reclusorios y de la necesidad de que los tres órdenes de gobierno resuelvan los temas de seguridad y de readaptación social de los internos. Sobre el tema, el legislador priísta, presidente de la Comisión de Justicia de San Lázaro, Humberto Benítez Treviño, afirmó que la sobrepoblación en todos los penales del país es del 30 por ciento.
El Gobierno Federal, por su parte, informó que al final de esta administración, los casi 45 mil reos federales ubicados en cárceles locales estarán bajo su custodia. La inversión es de 32 mil 800 millones de pesos para construir ocho cárceles en el país -una de ellas en Chiapas- que entrarán en funcionamiento antes de finalizar el año y que tendrán una capacidad de 20 mil nuevos espacios.
La Secretaría de Gobernación informó que actualmente, del total de reos, 47 mil son del fuero federal y de esos, más de 18 mil están a custodia del ámbito federal; es decir, más del 30 y tantos por ciento del total.
Informó que al inicio de esta administración había 210 mil internos en todo el país, de los que sólo 1.5 por ciento, esto es tres mil 164, se ubicaban en cárceles federales. Ahora ocho por ciento de los más de 230 mil encarcelados que hay en todo el país y que representan 18 mil 283, están bajo custodia federal.
En diciembre de 2006 se contaba con seis Centros Federales de Readaptación Social, y en diciembre de 2011 ese número se duplicó.
La Secretaría de Gobernación asegura que al finalizar esta administración no solamente se tendrá la totalidad de los reos federales bajo custodia, sino que se habrá incrementado hasta 14 veces el número estimado de reos que estarán bajo custodia federal en tan sólo seis años, al pasar de los tres mil 164 a una capacidad de casi 45 mil.
Esto es más que positivo, pues por lo que se ve, las autoridades locales-estatales carecen de un sistema penitenciario que garantice el control de los reos del fuero federal, lo que se ha puesto en evidencia en Nuevo León, en Tamaulipas, en Jalisco, contra lo cual también deberá intervenir el Gobierno Federal.
