La consulta popular sobre la construcción del aeropuerto en la Ciudad de México, carece de legalidad y hay estados con sobre representación como Veracruz, Chiapas y Oaxaca, indicó Francisco Javier Aparicio Castillo, doctor en Economía e investigador del Centro de Invenstigación y Docencia Económicas (CIDE).
En la ponencia “La consulta popular: límites y alcances”, organizado por el IEPC y el Instituto de Investigaciones y Posgrados electorales, aseguró que los Estados cuyos municipios forman parte de la consulta, son entidades donde el partido Morena ganó la pasada elección.
“Dentro de los estados sobre representados en la consulta están: Veracruz, Chiapas, Tabasco; en los subrepresentados que tienen menos municipios que les tocaría por principio fueran los más poblados, están Nuevo León Jalisco, San Luis Potosí y Puebla”, detalló.
El investigador expuso que esta, es una consulta a modo que carece de legalidad porque es organizada por un grupo de Ciudadanos de Morena, cuando lo ideal sería haberlo aplicado bajo el amparo de las instituciones.
“Yo creo que no es buena idea hacer esta consulta, en este tema tan arbitrario y tan pobremente definido, esta consulta carece de legalidad, porque es una consulta organizada por un grupo del partido en el poder”, destacó.
También criticó el tema de la implementación de este ejercicio, donde los amigos de Morena instalaron 538 casillas en los municipios más grandes del país pero, si revisamos la lista, esto no es cierto, están 400 municipios más grandes y 120 municipios que no son los más grandes.
Aparicio Castillo remarcó que la consulta del aeropuerto es una vacilada porque las alternativas en la mesa son extrañas, no hay un sólo experto que diga que la obra del Aeropuerto en Santa Lucía sea viable y el único que lo asegura, es el futuro secretario de comunicaciones de Andrés Manuel López Obrador que ahorita es un ciudadano sin cargo público.
“La consulta, carece de los instrumentos de ley y los mecanismos que lo hagan creíble e imparcial; porque esto no es una democracia directa, es más bien un experimento con cajas de papel en las plazas públicas del país y esto no se llama consulta democrática porque no está ceñida bajo la ley”, subrayó.
Abundó, que hay algunos temas que valen la pena sean sometidos a la consulta pero de manera legal, constitucional porque la legitimidad lo brinda la ley. Son los temas del proyecto del Tren Maya, el ejército en las calles, el tema de las gasolinas, que fueron temas de campaña que el presidente electo prometió.
