Impunidad Cero y la Iniciativa de Transparencia Anticorrupción emitieron un reporte denominado “La impunidad administrativa en México”, en el que se valoró el ejercicio de las funciones en el sistema de responsabilidades administrativas, detectando casi 10 mil denuncias hechas por presuntas irregularidades de servidores públicos en la entidad.
De forma puntual se tienen un total de nueve mil 343 registros de denuncias por presuntas irregularidades de servidores públicos, entre estas, informes de auditoría y quejas, siendo todas ellas del Ejecutivo. Del total, 48.65 % fueron informes de auditorías, 36.88 % denuncias y 14.47 % quejas.
Las faltas administrativas, por ejemplo, pueden ser consideradas como un abuso de funciones o el uso indebido de información privilegiada con el fin de sancionar dichas conductas. Por ello, la falta de sanción en faltas administrativas se conoce como impunidad administrativa.
La impunidad administrativa genera instituciones públicas ineficientes y genera un ambiente propicio para la aparición de irregularidades en la administración de los recursos públicos que pueden derivar en delitos relacionados con la corrupción, consideró la organización.
“La importancia de las sanciones a estas conductas radica en que, de quedar impunes, abren la puerta a conductas de mayor impacto social, como son los delitos relacionados con actos de corrupción, además de generar instituciones públicas ineficientes”, expresaron.
Para identificar la impunidad administrativa, ambas organizaciones realizaron una serie de solicitudes de acceso de información a todas las instituciones, esto con el fin de identificar canales de denuncia, queja y reporte de faltas administrativas.
En el caso de Chiapas, 41 solicitudes fueron consideradas respuesta completa, 17 de ellas del Poder Legislativo, 18 del Poder Ejecutivo, 2 del Poder Judicial y 4 de la Fiscalía.
