A 23 años de la masacre de 45 indígenas tsotsiles en Acteal, ocurrida el 22 de diciembre de 1997, “sigue la impunidad total respecto a la identificación de responsables, autores intelectuales y materiales”, afirmó el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).
“El Estado mexicano no ha podido señalar quiénes son los autores intelectuales, la cadena de mando que se utilizó para cometer la masacre y las violaciones graves a derechos humanos, antes de la masacre. Seguimos viviendo en completa impunidad porque no ha habido justicia”, agregó.
A través de Rubén Moreno Méndez, coordinador del área de sistematización e incidencia del organismo, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que “ya en este 2021 emita el informe de fondo por salud mental de los propios sobrevivientes y familiares de las víctimas, pues muchos han fallecido y ha habido división interna que ha favorecido al Estado; queremos que la CIDH ponga algo de su parte para evitar el retraso en el caso”.
-¿La única esperanza que les queda es la CIDH? -se le preguntó a Moreno Méndez.
-Sí. El caso ante la CIDH se litiga allá y no se puede acudir a otro organismo internacional porque por principio, en donde se interpone es donde se debe de litigar.
Sin embargo, pensamos que hay una buena disponibilidad de la CIDH, no porque tengan un buen corazón, sino porque el caso Acteal está muy bien documentado, desarrollado, con elementos de prueba muy contundentes con los que sin lugar a dudas se demuestra la responsabilidad del Estado mexicano en la masacre.
Aseguró que al igual que con los anteriores priístas y panistas, con el actual Gobierno Federal de la llamada Cuarta Transformación “no ha habido ningún cambio, sólo quieren tapar la impunidad que se está viviendo, pero eso no es un cambio, no es una reparación integral que vaya encaminada a reconocer la responsabilidad y el contexto en que se desarrollan las graves violaciones a derechos humanos y no sólo se hable de indemnización o de proyectos para las comunidades, sino una verdadera justicia para que hechos como los de Acteal jamás se repitan en ninguna parte”.
Recordó que argumentando fallas en el debido proceso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación liberó entre 2009 y 2011 a casi la totalidad de los indígenas acusados como autores materiales, “no porque sean inocentes, sino porque el propio Estado mexicano reconoció que las investigaciones estaban con graves violaciones a derechos humanos y procesales también”.
Agregó: “Ya casi nadie está en la cárcel, están saliendo debajo del agua. El Estado ni siquiera a través de la CIDH ha informado la situación jurídica de estos casos. Y lo que ya sabemos es que los que han salido de la cárcel han sido indemnizados, les han comprado tierras”.
Además, abundó Moreno Méndez, existen órdenes de aprehensión que nunca se ejecutaron y no se ha desarmado a los grupos armados en las comunidades, por lo que ahora tenemos el ejemplo de lo que pasa en Chalchihuitán y Aldama, donde siguen actuando con existe impunidad, asediando a las localidades. Ese es el mensaje del Estado”.
Finalmente, sostuvo que “el Estado mexicano no ha podido ni siquiera hacer una investigación diligente y eficaz para que se señale quiénes son los autores intelectuales, porque los materiales se conocen, las mismas víctimas y organizaciones de las comunidades han señalado quiénes son, a veces sus propios vecinos, incluso familiares, pero a nivel federal, estatal y municipal está la cadena de mandos que intervino para cometer la masacre que continúa en completa impunidad”.
