La situación de la menor de 13 años de edad, quien dio a luz el fin de semana en el Hospital del Niño y la Madre de San Cristóbal de Las Casas, revivió el debate por los embarazos no deseados, los cuales, dicen organizaciones, no deben ser normalizados ni justificados por un asunto de usos y costumbres
La menor está estable
En las últimas horas, y luego de que la Fiscalía General del Estado (FGE) indicara que investiga el caso, el secretario de Salud en Chiapas, Omar Gómez, dijo que la menor se encuentra estable, mientras que el recién nacido tiene complicaciones propias de su etapa gestacional de 34 semanas.
El funcionario manifestó que existe colaboración con las autoridades policiales que investigan el caso, desde un enfoque humano y en estricto apego a derecho.
Asimismo, garantizó que el sector Salud continuará trabajando de manera transversal no solamente para atender la salud sino generando un cambio de conciencias, en un ejercicio que incluye a diversas dependencias estatales, como a los ayuntamientos.
Diagnóstico de la madre
En una ficha oficial, detalló que la paciente menor de edad se encuentra estable, fuera de peligro y con evolución clínica favorable, bajo seguimiento médico continuo.
La adolescente presentó una urgencia obstétrica que fue atendida de manera oportuna en unidades del sistema público de salud, activándose de inmediato los protocolos establecidos para la atención integral de emergencias obstétricas.
Gracias a la intervención médica especializada, su estado respiratorio fue estabilizado y actualmente no presenta complicaciones que pongan en riesgo su vida.
Estado de salud del infante
Respecto al recién nacido, se trata de un niño prematuro, quien permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, donde recibe atención médica especializada y permanente.
Su condición es delicada, acorde a su edad gestacional (34 semanas). El personal de salud está realizando todas les maniobras médicas necesarias para favorecer su evolución y que pueda salir adelante.
No normalicemos la situación
La Red por los Derechos de las Infancia y Adolescencias en Chiapas (Redias), igual que otras organizaciones, hizo un llamado para que “el incremento de partos en niñas de entre 10 y 17 años y la persistencia de embarazos en niñas menores de 14 años, no se normalice.
“Están vinculados en su mayoría, a violencia sexual, uniones forzadas y prácticas que anulan la autonomía y la identidad de las niñas, configurando casos de fecundidad forzada, prohibidos por la legislación nacional e internacional”, expresó.
Dijo que el parto de una menor tsotsil de 13 años “no es un hecho aislado, sino reflejo de la crisis de derechos humanos, la violencia estructural y la falta de políticas públicas que acompañen el interés superior de la niñez y la adolescencia”.
Qué dice la ley
Luego de expresar su “preocupación ante los matrimonios y la fecundidad forzados de niñas y adolescentes en la entidad”, señaló que “de acuerdo con la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en México se reconoce a las personas menores de 18 años como sujetos de derecho y se prohíbe cualquier práctica que vulnere su integridad, incluido el matrimonio infantil y las uniones tempranas y forzadas”.
Demandó a los tres niveles de gobierno, “combatir los matrimonios forzados y las uniones tempranas; garantizar la identificación temprana y la atención integral ante la violencia sexual hacia niñas y adolescentes; garantizar el cumplimiento de la NOM 046-SSA, que establece que toda niña, adolescente o mujer víctima de violencia sexual tiene derecho a la interrupción legal del embarazo”.
La Redias también demandó “asegurar que las niñas, adolescentes y mujeres tengan atención inmediata sin criminalización ni revictimización”, así como “asegurar que la Procuraduría de Protección correspondiente genere un plan de restitución de derechos que garantice a la niña la protección necesaria y la no repetición de la violencia”.
Usos y costumbres, excusa
En seguimiento al polémico caso de la menor de edad, la organización Línea Aborto denunció que, de manera reiterada, diversas instituciones han utilizado el argumento de los “usos y costumbres” para justificar la falta de acciones frente a los matrimonios forzados y los embarazos de niñas y adolescentes.
Indicaron que la omisión de las autoridades también es una forma de violencia y que se requiere prevención, intervención oportuna y sanciones para evitar que se siga perpetuando la violencia contra las menores.
Prohibición no es solución
En 2019, Juana Luna Pérez realizó una investigación sobre el matrimonio forzado y embarazo adolescente, en la que concluyó que la prohibición legal de este tipo de matrimonio no ayuda a reducir las uniones tempranas, sobre todo por las normas de género y control social que las mujeres siguen padeciendo en las comunidades.
La falta de unión formal, indica la investigadora, provoca más bien una vulnerabilidad de las menores y mayor inestabilidad en las relaciones, al registrar una mayor tasa de abandono o separación.
Juan Luna Pérez señala que para disminuir las uniones tempranas es necesario apoyar las actividades productivas y económicas de las adolescentes en el medio rural e indígena, ya que el manejo de sus propios recursos les permite a las mujeres resistir las rígidas normas de género.
