Es inminente que el Departamento de Estado estadounidense pida inmunidad para el expresidente de México, Ernesto Zedillo, en el caso que enfrenta en una corte de Nueva York por su presunta responsabilidad en la matanza de Acteal. Una agencia informativa reporta que de acuerdo con documentos de esa instancia judicial, existe el compromiso de enviar dicha solicitud antes del 7 de septiembre, luego de que el juez del caso lo urgiera a manifestarse sobre el asunto, a instancias de la defensa del ex presidente de México de 1994 al año 2000.
El gobierno de México había ya realizado una solicitud al Departamento de Estado para solicitar inmunidad en el caso de la masacre de Acteal, municipio de Chenalhó, en el estado de Chiapas, en la que 45 indígenas fueron asesinados en diciembre de 1997 a manos de un grupo de adversarios del mismo municipio. La demanda está en la ciudad de New Haven porque ahí radica actualmente el expresidente, quien se desempeña como director del Centro para Estudios de la Globalización de la Universidad de Yale. Los demandantes buscan una compensación de 50 mil dólares, y lo hacen de manera anónima con objeto de protegerse de probables represalias, dice la agencia informativa.
El equipo jurídico del ex presidente ha sostenido que la demanda obedece a razones políticas, y ha solicitado de manera reiterada a la Corte desecharla debido al daño que causa a la imagen pública de su representado.
El abogado de los demandantes basa toda su esperanza en la remota probabilidad de que el Departamento de Estado decida que no tomará una posición en el tema y deje que la corte proceda.
Hasta aquí con los datos duros del reporte informativo.
Ahora cabe mencionar que el año pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró por tres votos contra uno, fundados los incidentes de reconocimiento de inocencia, y ordenó la inmediata y absoluta libertad de un último grupo integrado por Bartolo Luna Pérez, Agustín Pérez Gómez, Juan Santíz Vázquez, Lorenzo Gómez Jiménez, Mariano Pérez Jiménez, José Ruiz Tzucut y Juan Pérez Hernández, presos por su presunta responsabilidad en primera línea en ese caso; el asunto es que, en la lejana probabilidad de proceder la acción legal contra el ex presidente en Estados Unidos, sería una verdadera contradicción.
