En entrevista, la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SAyBG), Ana Laura Romero Basurto, dijo que además de los 59 servidores públicos sancionados y dos cesados por ocultar su patrimonio, podrían ahondar investigaciones, en colaboración con otras dependencias, y ejercer acciones penales cuando sea el caso.
Mayor retraso
Explicó que el mayor retraso en el cumplimiento de la obligación de presentar su Declaración de Modificación Patrimonial correspondiente al ejercicio fiscal 2025, lo presentan burócratas del Poder Ejecutivo, además de la Universidad Politécnica de Tapachula y el Instituto de Seguridad Social de Los Trabajadores del Estado (Isstech).
Agregó que de momento las sanciones y el cese son del orden administrativo, pero en caso de encontrar hechos de gravedad, se solicitará la participación de las autoridades pertinentes para ejercer acción penal si esta fuese necesaria.
Dijo que la instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar es que deben transparentar sus bienes para que desde la SAyBG se vigile la evolución patrimonial de los servidores del pueblo.
Procedimiento
Explicó que se iniciaron procedimientos administrativos en contra de 61 servidores públicos, adscritos a distintas dependencias del Gobierno del Estado, por haber incumplido con la obligación de presentar su Declaración de Modificación Patrimonial correspondiente al ejercicio fiscal 2025, trámite que debía realizarse durante el mes de mayo.
De esos casos, sostuvo que 59 se encuentran actualmente en etapa de investigación patrimonial, mientras que dos servidores públicos ya fueron sometidos a un procedimiento de responsabilidad administrativa, el cual concluirá con la nulidad de sus nombramientos y su separación definitiva del cargo.
La secretaria recordó que conforme a la instrucción del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, la transparencia patrimonial y la rendición de cuentas no son opcionales, sino deberes esenciales de quienes integran el servicio público, y deben cumplirse con responsabilidad, legalidad y ética.
Legislación
La omisión en la presentación de esta declaración constituye una falta administrativa grave, de acuerdo a lo establecido por la legislación en materia de responsabilidades de los servidores públicos, por lo que será sancionada conforme a derecho.
Ana Laura Romero Basurto reiteró que en esta Nueva ERA de gobierno no habrá espacio para la impunidad ni para la tolerancia frente a conductas u omisiones que vulneren la integridad del ejercicio público.
Asimismo, enfatizó que la vigilancia del patrimonio de quienes administran recursos del pueblo es una herramienta clave para prevenir la corrupción y fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.
