El gobierno de la ciudad de México anunció que se someterá a un programa elaborado por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Se trata de un suceso inédito porque la CDHDF ya no se limita sólo a la protección de las víctimas, sino que también propone políticas públicas para prevenir la vulneración de los derechos de los ciudadanos.
Asumir una posición proactiva en educación, salud, política de género, discapacidad, diversidad, entre otros temas, implica anticiparse a los actos de odio, negligencia o discriminación. Ninguna otra instancia de este tipo, incluida la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ha ido tan lejos.
zPor qué esta institución ha evolucionado en un sentido distinto al de sus homólogas? Es muy probable que la respuesta se encuentre en el modelo de organización. Mientras la CDHDF asumió explícitamente jugar un papel de parte, el resto de las comisiones se han concebido a sí mismas como árbitro, como mediadoras entre la ciudadanía y las autoridades. Se perciben como juez y no como abogado defensor. Prefieren ser el fiel de la balanza y no el contrapeso que equilibra las circunstancias en favor de los desprotegidos.
Cabe mencionar que el gobierno federal acaba de crear un Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario; sin embargo, es un esfuerzo incipiente.
No se trata de una discusión conceptual menor. Si algo le falta a la democracia mexicana son defensores de los derechos; sobran en cambio los abogados de las autoridades y los legitimadores de los abusos de poder.
Bajo los referentes de esta misma lupa deberíamos revisar el rol de otros órganos: la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profepa, el Conapred y tantas otras instituciones del ámbito local que, en lugar de labrarse un destino como protectores, han optado el viciado papel de encubridores.
