Pese a la oposición y la denuncia que interpusieron ante la Fiscalía General del Estado en Tapachula, finalmente los transportistas que cubren la ruta de la cabecera municipal hacia las comunidades ruarles de los cantones Chapultepec, Esperanza y Unión Miramar, cedieron a pagar una cuota mensual de 600 pesos por unidad para que les permitan que los colectivos den el servicio.
Por más de una semana los habitantes de Chapultepec y cantón Esperanza cerraron el acceso a sus comunidades de vehículos particulares, de transporte público, de reparto de abarrotes, gas y otros, como medida de presión para cobrar lo que los concesionarios señalaban como una extorsión; sin embargo, al final, tras un acuerdo temporal avalado por la Delegación de Gobierno en Tapachula y la FGE, estos cedieron al pago de una cuota diaria por pasar en ese tramo carretero.
El bloqueo en las dos primeras comunidades por más de una semana afectó principalmente a los más de mil 500 habitantes de Unión Miramar, que al no haber paso de vehículos sufrieron la falta de víveres y servicios, lo que estuvo a punto de generar un conflicto social entre la población.
Tras la intervención de las autoridades, este lunes se firmó una minuta de acuerdos para que empiece el pago de la cuota de paso por sus comunidades, sin embargo, la denuncia que dio lugar a un registro de atención en la FGE sigue vigente y el acuerdo podría ser temporal, a revisar los primeros meses del próximo año.
El bloqueo carretero encabezado por Faustino Mérida Hernández y José Domingo Recinos Cansino finalmente les rindió frutos, ante el poco interés de las autoridades de justicia y de Gobierno, a través de la Delegación en Tapachula, para hacer valer el Estado de derecho.
Con estas acciones otras comunidades se preparan para exigir también sus cuotas por el paso de unidades, aduciendo que dañan las carreteras. Con anterioridad, este tipo de situaciones ocurrió en los ejidos Miguel Hidalgo de Tuxtla Chico y Zaragoza de Tapachula; en ambos casos la resistencia de transportistas para exigir sus derechos y seguimiento ante las autoridades, pero sobre todo, la atención de la FGE, impidió que de manera irregular se les cobrara derecho de piso; los líderes que encabezaron esos movimientos fueron encarcelados por las faltas cometidas.
En esta ocasión, no obstante, la situación fue distinta, ante la aceptación de los directivos de la Cooperativa Ribera del Río Ortiz que brinda el servicio a esas comunidades.
