La Comisión en contra de la Violencia Política de la Colectiva 50 + 1 Chiapas reconoció la determinación del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de sancionar por violencia política en razón de género (VPRG) al presidente municipal de San Cristóbal de Las Casas, Mariano Díaz Ochoa, así como al tesorero y ocho integrantes del Cabildo.
Cabe señalar, el Consejo General determinó dicha decisión por actos en contra de la síndica municipal del ayuntamiento coleto.
“Todo esto, después de la denuncia presentada por la síndica de San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, en contra de diferentes autoridades municipales, por lo que el citado instituto acordó sancionar al presidente municipal Mariano Díaz Ochoa, con una inscripción de cinco años y cuatro meses; al tesorero municipal por un periodo de dos años y ocho meses, y a ocho integrantes del Cabildo (regidores) por un periodo de un año y cuatro meses. Todos ellos van al Registro Nacional y Estatal de Personas Sancionadas por VPRG”, contextualizó la colectiva.
La sanción del TEECH
El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de Chiapas (TEECH), en la sesión del 6 de diciembre, acreditó la violación al derecho político electoral, en su vertiente de obstrucción del cargo, de la síndica del Ayuntamiento de San Cristóbal de Las Casas por parte del presidente, tesorero e integrantes de dicho Cabildo, al declararse parcialmente fundado el acto relacionado con la indebida fundamentación y motivación por parte de los demandados.
La controversia se dio cuando la parte actora alegó ante este Tribunal Electoral la emisión del Acuerdo 9, aprobado por el Cabildo, por el que se le retiró la atribución para firmar cheques, además de actos y conductas realizadas por diferentes órganos y personas servidoras públicas, así como la omisión de responderle diversas solicitudes de información formuladas mediante oficios.
Al respecto, el pleno calificó de inoperantes los agravios relacionados con los actos y conductas realizados por diferentes órganos y personas servidoras públicas, así como nula respuesta a diversas solicitudes de información hechas mediante oficios, toda vez que ya fueron analizados y resueltos en la sentencia pronunciada en el expediente TEECH/JDC/022/2023.
La comisión de la colectiva rechazó cualquier acto de violencia política en contra de las mujeres, afirmando que estarán pendientes del procedimiento legal del proceso sancionador establecido.
Por último, insistieron en la aplicación pronta de la disculpa pública de cada una de las personas sancionadas, así como su participación en un curso de materia de violencia política contra las mujeres en razón de género.
