La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) lanzó un urgente llamado al Gobierno de México al señalar que la situación de las personas migrantes en Tapachula ha llegado a tomar una “dimensión y complejidad alarmantes”, donde “además del hacinamiento, demora en los trámites de solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado y visa humanitaria, hostigamientos y abusos de parte de autoridades locales y federales, se ha sumado la desesperación y los brotes de violencia de ellos, como respuesta a tantas promesas incumplidas de parte del Gobierno Federal”.
En un comunicado oficial, la CEM señaló: “Recibimos con decepción la noticia de que el Gobierno de México ha decidido reanudar el programa MPP mejor conocido como Quédate en México, ya que este viola múltiples principios internacionales en materia de refugio y asilo, como el derecho al debido proceso y a la no devolución, y no permite el debido ejercicio de los derechos fundamentales de las personas solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado”.
Asegura que el Gobierno Federal ha incumplido con los compromisos realizados con las personas migrantes para sus traslados y regularización migratoria, lo que ha desatado una escalada de inconformidades derivando en bloqueos carreteros y conflictos con la población local. Esto ocasiona, dice, que se ponga en riesgo la integridad física tanto de las personas migrantes como de la población local.
La CEM señala que “la situación que estamos viviendo es caótica: sufrimiento, desesperación y violencia. En medio de esta compleja realidad, la Iglesia católica, a través de la Diócesis de Tapachula, Chiapas, se ha mantenido firme en proveer de atención humanitaria a las personas migrantes, preocupada, además, por una política confusa e ineficaz del Gobierno Federal y el rol de espectadores de los gobiernos municipales“.
Manifestó su preocupación al detectar que “las personas migrantes son engañadas con falsas promesas por parte de criminales y estafadores que lucran con la necesidad y el dolor de quienes desean transitar por México”.
La CEM exhortó al Gobierno de México a ejercer con prontitud sus compromisos para la promoción y protección de los derechos fundamentales de las personas en contexto de migración.
