Sandra Carvajal Magaña, representante en Tuxtla Gutiérrez de la Firma Internacional Kreston BSG, expuso que la centralización de las citas del Sistema de Administración Tributaria (SAT) está ocasionando una serie de problemas de tipo financiero a la población y en mayor medida, al sector empresarial.
Expuso que desde el comienzo de la pandemia el SAT tomó acciones para evitar riesgos a la ciudadanía, es por ello que las citas en línea ya no se determinan desde los centros locales, ahora se asignan desde las oficinas de la Ciudad de México.
De acuerdo con la experta en temas contables y fiscales, esto ha ocasionado problemas en la declaración de impuestos en las personas físicas, pero más a las empresas formalmente establecidas.
“Es un problema para poder ingresar al portal de las citas. Tenemos que estar checando cada 15 minutos, a veces lo hacemos cada hora, lo que representa un problema para los despachos contables. Ahora, en el caso de los contribuyentes, no pueden concretar sus citas, pues para hacerlo se requiere estar todo el día intentando”, manifestó.
Este tema también genera incumplimiento de las obligaciones fiscales por parte de la población pero no es a propósito.
Manifestó: “Tan sólo para el puro Registro Federal de Contribuyentes (RFC) es un lío, para que el contribuyente pueda generar ingresos, para que pueda cumplir con sus pagos de impuestos es muy complicado”.
Como firma contable, el problema más recurrente es que los clientes piden actualizarse sobre las obligaciones fiscales, sin embargo esto es imposible, ya que no hay espacios, “se genera gastos al contribuyente y a nosotros nos hace perder ingresos porque no podemos cobrar por un trabajo que no realizamos”, detalló.
De manera particular, informó que del total de trámites ante el SAT, el 85 por ciento no se puede realizar de manera inmediata o como se requiere.
“Un trámite que se puede realizar en una semana, ahora se tarda hasta tres meses, lo que provoca pérdidas al contribuyente y por ende, a nosotros”, insistió.
Quizás en la parte legal no pueda tener consecuencias, no obstante, la parte económica de los ciudadanos sí se ve afectada.
En la iniciativa privada esta falta de atención por parte del SAT se traduce en problemas económicos, y en un momento puede ser legal.
“Si como empresario se requiere una cita para empezar a emitir facturas, y no se puede hacer el trámite del RFC, no se podrá operar, generar recursos y por ende, tampoco pagar impuestos. En el caso de las que ya tienen su registro se están viendo afectadas doblemente, ya que si caen en incumplimiento pueden hacerse acreedores a una multa”, agregó.
