Los planes del gobierno federal que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador para adelgazar a la burocracia, afecta a por lo menos 450 mil trabajadores del gobierno no sindicalizados ni con base en todo el país, de estos en Chiapas serían poco más de 12 mil, revelan los propios trabajadores de diferentes delegaciones.
De acuerdo a bogados laboristas, los trabajadores de confianza del gobierno federal no cuentan con estabilidad en el empleo actualmente porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha construido una estructura legal con criterios jurisprudenciales, lo cual impide que puedan demandar su reinstalación en caso de ser removidos o despedidos, ni cobrar salarios caídos.
Andrea Tobías Sánchez, una de las empleadas despedidas de una de las delegaciones federales en Chiapas, apuntó “que los trabajadores de confianza, siempre han estado en situación de indefensión por las Leyes Federales y justificar que nos despiden y gracias a ello, otras personas tendrían nuestros puestos, es totalmente injusto, sin embargo ningún gobierno ha hecho lo que este nuevo gobierno”.
En Chiapas, una de la dependencia federal más afectada con estos despidos es el SAT, donde a 150 trabajadores de confianza y de contrato se les pidió la renuncia, sin remuneración.
En menor escala, también hubo despidos de una decena de trabajadores en la delegación de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
Otras dependencias que son estratégicas para el gobierno federal como la SCT, Sagarpa y Sedesol, también se han registrado despidos; un empleado de una de estas dependencias apuntó que “en otros sexenios te pedían tu cambio a alguna otra ciudad para ponerte en situación crítica y si no, te daban una compensación y parcial liquidación, pero hoy nos quieren despedir sin ningún derecho”.
El exdelegado del Trabajo en Chiapas, Edgar Eduardo Largher Cruz, apuntó que en el caso de STPS fueron despedidos de manera injustificada siete inspectores de campo, quienes realizaban los trabajos de inspección laboral.
Abundó que la ley contempla que los empleados que son contratados por honorarios, contrato, servicio profesional de carrera, directivos y personal operativo, tienen derecho a una liquidación.
Otros trabajadores despedidos de la Sedesol indicaron que “lo que hay que hacer es pedir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regularice nuestra situación jurídica y salvaguardar nuestra dignidad de servidores profesionales afectados en nuestra economía y salud psíquica-mental”.
El recorte anunciado en la administración federal a nivel nacional es de un 70 % de las plazas de estructura básica que son de director general a secretario, directores de unidad y director general. Hoy la realidad es que tan sólo en Chiapas, más de 12 mil trabajadores de confianza y contrato están siendo despedidos.
