La acusación de traición a la patria en contra del exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, es el segundo caso que ocurre, ya que en mayo de 1993 se les imputó ese delito a ocho indígenas tseltales de la comunidad de El Carmen Pataté Viejo, del municipio de Ocosingo, acusados de pertenecer a la guerrilla del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), siete meses antes de su aparición pública.
Los ocho pobladores que pertenecían a la Asociación Rural de Interés Colectivo (ARIC) fueron capturados el 24 de mayo por elementos del Ejército Mexicano, luego de dos enfrentamientos sucedidos el 22 y el 23 de mayo de ese año en la Sierra Corralchén, situada en la Selva Lacandona, donde personal castrense localizó y destruyó el campamento guerrillero Las Calabazas, con resultado de bajas mortales y heridos de ambos bandos.
Testimonios
Los pobladores de El Carmen Pataté Viejo contaron en aquella ocasión que los integrantes del Ejército Mexicano les pidieron que se dirigieran al centro y luego obligaron a los jefes de familia a mostrarles sus viviendas. Durante las revisiones, los uniformados encontraron ocho armas calibre 22 y rifles arcaicos, que los indígenas utilizaban para cazar.
Al final de la inspección y del interrogatorio colectivo, ocho indígenas fueron escogidos y, “con la mentira de que los regresarían poco después, los llevaron detenidos a la comunidad La Garrucha”, donde los militares construyeron su campamento.
Los detenidos eran Tiburcio Ruiz Clara, Melchor Jiménez López, Lázaro Pérez Lorenzo, Marcos Pérez Jiménez, Nicolás Clara Ruiz, Manuel Clara Ruiz, Antonio López Jiménez y Melchor López Jiménez. Por separado se aprehendió a los guatemaltecos Salvador Mateo y Mateo Salvador Domingo, quienes “fueron bajados de un camión cuando recorrían la zona vendiendo ropa”.
Traslado
Después de tres días de interrogatorios sobre su presunta actividad guerrillera, fueron internados en el ya desaparecido penal de Cerro Hueco, en Tuxtla Gutiérrez.
Fueron acusados de los delitos de homicidio, lesiones, asociación delictuosa, portación y acopio de armas y de traición a la patria, crimen al que a nadie se le había imputado desde la Revolución Mexicana.
Por gestiones de abogados, presión de la ARIC y de organismos defensores de derechos humanos, dos meses después de su detención fueron liberados bajo fianza Lázaro Pérez, Marcos Pérez, Nicolás Clara y Melchor López, así como el guatemalteco Salvador Mateo. Los restantes cuatro indígenas tseltales y el otro guatemalteco salieron de la cárcel el 23 de mayo de 1994, en la víspera del primer aniversario de su detención.
“No nos dijeron nada, ni disculpas ni nada, solo nos soltaron en la puerta y que nos vaya bien; no preguntaron si teníamos cómo irnos o no”, contó en ese entonces el ahora finado.
