Empresas de grúas, hoteles, tortillerías, bares, negocios de comida y restaurantes son las que más han sido denunciadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); en lo que va del año, se presentaron 28 denuncias, de ellas, en ocho se constató que hubo una falta a la Ley Federal de Protección al Consumidor o a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
En relación a las quejas que la ciudadanía hace ante la Procuraduría Federal del Consumidor, de enero a la fecha se han atendido un total de 990 quejas, de diferentes proveedores y quienes siguen encabezando la lista son la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Sistema Municipal de Agua Potable de Tuxtla Gutiérrez (SMAPA) por un cobro excesivo de los servicios que ofrecen, explicó en entrevista, Alet Palacios Sanchez, jefe del Departamento de Servicio de Profeco.
Por otra parte, el cobro de propina en Tuxtla Gutiérrez, continúa siendo una práctica indebida en bares y restaurantes reveló a Cuarto Poder, Jeanette Pérez Hernández, jefa del Departamento de Verificación y Vigilancia de la Delegación de la Profeco en Chiapas.
“Tuvimos denuncias por cobro indebido de propina en bares, de los que hizo constancia de los hechos, lo que representa un abuso y en consecuencia, se aplicaron las medidas precautorias. Otro ejemplo de este tipo de delito, es el caso de las tortillerías, en el que se ha constatado que no tienen los precios a la vista de los consumidores” dijo.
Los establecimientos que incurrieron en alguna falta a la normatividad establecida para el buen servicio al consumidor, se hicieron acreedores a una sanción económica que va desde los 20 hasta los 3 mil salarios mínimos.
Estas quejas o denuncias son recibidas a través de la página de internet, llamando a los números telefónicos 60 259 36 al 40, o bien acudiendo directamente a las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor ubicadas en el edificio alterno de la Torre Chiapas.
Para poder denunciar un establecimiento es necesario dar los nombres completos y la ubicación del mismo, con ello los servidores públicos de Profeco podrán poner freno a cualquier acto abusivo, que afecte una colectividad de consumidores y poder ponerle freno a través de los verificadores con la aplicación de la ley.
