Los disparos continúan y la tensión que se vive entre comunidades de Aldama y Chenalhó crece. Escuelas y casas baleadas, heridos y muertos por ir a sacar sus cosechas y un clima de tristeza e intranquilidad es el que impera en esa región de Los Altos de Chiapas, pese a los acuerdos de no agresión que se han firmado.
El principal riesgo en la cobertura del desplazamiento forzado de comunidades indígenas de Aldama, continúa siendo los ataques de grupos civiles armados de corte paramilitar de Chenalhó, sobre todo los que provienen de la comunidad Santa Martha.
Esto se pudo constatar una vez más el pasado 18 de noviembre, pero en esta ocasión la agresión alcanzó a la Brigada de Ayuda Humanitaria de Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México y Cáritas San Cristóbal, cuando realizaban la entrega de alimentos a familias desplazadas, donde fue herida en la pierna derecha la religiosa María Isabel Hernández Rea, al filo del mediodía aproximadamente.
Hasta la semana pasada y pese a la presencia de la Guardia Nacional, persistieron los ataques al pueblo maya-tsotsil, los cuales fueron reportados a las 6:43 pm en Yeton y Chi’ivit a las 7:30 pm en otra comunidad cercana, Tselejpotobtik.
Diversas organizaciones de la sociedad civil urgieron sancionar a los responsables directos y a las autoridades que no han garantizado seguridad a la población del pueblo tsotsil, por lo que de nueva cuenta alzaron la voz para desarmar y desarticular a estos grupos civiles armados.
Cabe destacar que María Isabel tiene 52 años de edad, pertenece a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Reina del Santo Rosario y colabora en la Parroquia de San Andrés Larráinzar, integrante de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas. Su trabajo pastoral con las comunidades de los pueblos originarios se ha caracterizado por su labor social y profética, construyendo puentes de diálogo y de paz, pero también denunciando las injusticias que viven las familias tsotsiles desplazadas forzadas de Aldama.
Disputa histórica
La disputa entre Aldama y Chenalhó es por 60 hectáreas que data de 1975 pero se agudizó en 2014. Esto, tras remunipalización que realizó el exgobernador Roberto Albores Guillén.
En junio de 2016 iniciaron los desplazamientos con familias que fueron expulsadas y sus casas quemadas.
Uno de los casos fue el 2 de abril de 2018, en donde miembros de una familia de Aldama fueron emboscados y asesinados, lo que provocó el desplazamiento de 700 personas de cinco comunidades, quienes huyeron a las montañas, en donde tienen que enfrentar a otros enemigos: hambre, sed y frío.
Otro caso lamentable ocurrió en diciembre de 2017, fecha en la que murieron desplazados por diversas enfermedades respiratorias como pulmonía.
El último reporte del conflicto entre los indígenas tsotsiles fue apenas el 16 de septiembre, en donde la Comisión de Desplazados de Aldama denunció agresiones diarias con disparos provenientes desde Santa Marta, sin embargo, las corporaciones policiacas presentes en la zona han “volteado” esa versión e indican que las balas provienen del otro lado, señalamiento que ha sido negado por las mujeres y hombres de Magdalena Aldama.
Las constantes balaceras provocan -sobre todo en los niños- crisis de miedo, angustia y ansiedad.
El 13 de septiembre se registró la hostilidad desde varios puntos de ataque en Chenalhó, con detonaciones de armas de fuego de los paramilitares en toda la franja del río que divide estos dos pueblos vecinos, en contra de las comunidades de Aldama: Ch’ayom te’, Juxton, Stselej Potov, Cabecera Aldama, Ch’ivit, Yeton, Yoctontik, Sepelton, San Pedro Cotsilna’m, Tabak, Coco’ y Xuxch’en”.
Aunque las agresiones cotidianas afectan a más de diez comunidades de Aldama, incluida la cabecera municipal, el fuego de los paramilitares se concentró en fechas pasadas en contra de San Pedro Cotzilnam.
Las comunidades sufrieron 32 horas de ataque ocurridas desde el 11 se septiembre a las 13 horas al 12 de septiembre, de 23 horas.
En agosto, algunos pobladores evidenciaron mediante videos las agresiones de los grupos paramilitares de Chenalhó con 26 ataques en cuatro días.
Los pobladores de Aldama en su momento pidieron la restitución de sus terrenos, al señalar que son los dueños legítimos tras haber firmado un convenio con el Tribunal Unitario Agrario el 1º de diciembre de 2019, dándole a Santa Marta un millón y 300 mil pesos y una camioneta; sin embargo, las tierras siguen invadidas por Chenalhó, mismas que están distribuidas en siete fracciones.
Cabe recordar que en una primera propuesta del gobierno fue el cambio por otros terrenos, 180 hectáreas en Ixtapa, el cual se llevó a consideración con los comuneros, quienes se resistieron a entregar los predios.
Una vez rechazada la propuesta, lanzaron otra iniciativa en la mesa de diálogo para unificar las 60 hectáreas, y tras el consenso con los 115 comuneros y las autoridades municipales, el de canjear las tierras. Se aceptó la oferta, pero hasta la fecha no ha existido respuesta de las autoridades para delimitar el plano limítrofe y solucionar el conflicto armado.
Ante lo cual han existido nuevos desplazamientos forzados intermitentes, y aunque Naciones Unidas ha realizado recorridos en las comunidades para evaluar la situación, no han cesado los ataques.
También aquí se ha solicitado la presencia de las corporaciones policiacas, de la GN y de la Sedena pero no han tenido respuesta favorable.
En este sentido, los pobladores indígenas han comentado en reiteradas ocasiones “lo que pueda pasar será responsabilidad de los gobiernos que nunca han atendido esta situación”.
Mencionan que Santa Martha “de por sí es la continuidad del paramilitarismo y es la historia que se ha venido repitiendo desde 1994 y 1997. Es decir, es la guerra de la baja intensidad contra los pueblos que luchan por sus derechos y por la vida”.