Ante el anuncio de que una parte de los terrenos que fueron comprados en la pasada administración para construir la Zona Económica Especial (ZEE) en la entidad será utilizada para los viveros forestales que operará la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a fin de dar trabajo a dos mil 500 migrantes con un salario de seis mil 200 pesos, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Arturo Marí Domínguez, comentó que el Gobierno federal debe considerar las implicaciones legales de cancelar los proyectos de la ZEE, y que no se puede destinar una tierra con determinado uso a otros fines sin haberse hecho la reforma.
Manifestó que antes de emplear centroamericanos se debe tomar en cuenta el déficit de empleo que existe en la entidad, que ha llevado a miles de chiapanecos a vivir en situación de pobreza, derivado también de la falta de circulante.
Enfatizó que lo que piden no es que no se brinde ayuda a los migrantes, pero primero debe ser México y Chiapas.
Por otro lado, mencionó que si ya existe una zona para estimular la atracción de inversiones, se debe aprovechar y desarrollar; si no la hay, se debe hacer un plan para dicho fin, ya que se requiere con urgencia la reactivación económica.
El gremio empresarial reitera la invitación al canciller Marcelo Ebrard para venir a Chiapas a constatar la situación económica y el panorama que se vive en la zona fronteriza, sobre todo en los lugares donde permanecen los migrantes.
En otros temas, el presidente del CCE enfatizó que nadie puede presionar a un empresario para contratar a cierto grupo de personas. Todos son libres de tomar sus decisiones en beneficio de su centro de trabajo.
Lo anterior respecto a la presión que ejerce el gobierno federal a sectores productivos de Chiapas, para contratar al menos a 18 mil migrantes.
Reiteró que es importante ver primero a nuestros compatriotas y posteriormente, si hay opciones legales y vacantes disponibles, tomar en cuenta a migrantes.
Afirmó que están en la disposición de escuchar las alternativas de la Federación, y si hay posibilidad de apoyar a los migrantes por vías legales, sin afectar la oferta de empleo para los chiapanecos, así lo harán, sin presiones.
Pero no se debe dejar de lado la tasa de informalidad del 78 por ciento, así como que el 90 por ciento de las empresas cuenta con cinco trabajadores o menos, y deben recibir incentivos para seguir operando.
