"Isaín MandujanoÚAdolfo Gutiérrez * CP. El gobierno de Pablo Salazar ha sido el estado que más recomendaciones ha recibido por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en el presente año, solamente superada a nivel nacional por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
El gobierno de Chiapas en el 2004 ha acumulado 15 recomendaciones de las 85 que emitió el organismo federal, la mayor parte de ellas es por asuntos que tienen que ver con la procuración de justicia o por parte de abusos de policías.
La primera de ella fue la recomendación 12Ú2004 emitida el 9 de marzo, tras un recurso de impugnación que interpuso ante ese organismo el señor Isaías Pérez Torres y otras 27 personas, de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), quienes fueron detenidos y consignados por encabezar un paro de labores el 15 de septiembre de 2001.
El recurso fue en contra de la determinación de la Procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública, quienes no aceptaron la recomendación CEDHÚ008Ú2003, emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos ÚCEDH) que entonces presidía Pedro Raúl López Hernández.
El organismo local había considerado que la violación a sus derechos humanos derivó de la privación ilegal de su libertad y el posterior inicio y consignación de la averiguación previa 1261ÚCAJ4BÚ2001, así como por el trato degradante que recibieron de parte del entonces Subsecretario de Seguridad Pública, Carlos Manuel Echeverría Méndez.
La segunda recomendación en contra del gobernador Pablo Salazar fue la número 16Ú2004 emitida ese mismo mes, el 24 de marzo pasado tras un recursos de impugnación que interpusieron José Luis Cantoral Pérez y otras 66 personas más que fueron detenidas en un operativo policiaco el 18 de julio de 2002.
Además de ser dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública y a la Procuraduría General de Justicia, esta recomendación fue también para la CEDH, pues según el organismo nacional ""no acreditó fehacientemente y con precisión que en el ejercicio de las funciones de los elementos de las dos instituciones recomendadas se cometieran irregularidades, ya que no se allegó de los elementos que constataran la existencia de abuso de autoridad y otras anomalías"".
La tercera recomendación fue la 22Ú2004 emitida, menos de 10 días después, el 2 de abril, también otro recurso de impugnación que había promovido el señor Mario Moreno González, quien se había quejado en contra de la PGJE y la SSP mismas que rechazaron una recomendación enviada por la CEDH en su favor.
Priístas del Grupo de la Alianza Campesina de Nicolás Ruiz denunciaron a agentes de la SSP y miembros de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) quienes les violaron sus garantías individuales.
La cuarta recomendación fue la 24Ú2004 misma que fue emitida el pasado 22 de abril, esto a consecuencia de las muertes de 18 niños acaecidas en el Hospital María Gandulfo de Comitán entre diciembre de 2002 y enero de 2003.
Cinco días después, el 27 de abril la CND emitió la 25Ú2004 tras otro recurso de impugnación interpuesto por el señor Pedro Ramón Gil Zurita, a quien indígenas zapatistas le invadieron su predio Misopá Chinal, en el municipio de Tila, interpuso su denuncia ante la PGJE y como jamás procedieron contra los invasores se quejó ante la CEDH por omisión en la aplicación de la justicia.
La CEDH emitió la recomendación pero la PGJE la rechazó argumentando que ""inejecución del mandato judicial obedecía a la dificultad para acceder al predio invadido y a la presencia en las comunidades aledañas de simpatizantes del EZLN"".
Otra de las recomendaciones, la 46Ú2004, que llegaron no fue precisamente para el gobernador Pablo Salazar sino para el ayuntamiento costeño de Pijijiapan, para el alcalde Elio Ocaña, también por otro recurso de impugnación interpuesta por 74 ex trabajadores municipales que argumentaron presuntas violaciones a los Derechos Humanos cometidas en su agravio.
Las 74 personas precisaron que al alcaldía no ha dado cumplimiento al laudo del 18 de agosto de 1999, dictado por el Tribunal del Servicio Civil del Estado de Chiapas, por medio del cual se les indemnizaría con millones de pesos.
Pero la siguiente recomendación que vino a Chiapas siguió el mismo destino que las anteriores, la sexta recomendación para el gobernador Pablo Salazar la 58Ú2004 que se emitió el 31 de agosto por otro recurso de impugnación que interpuso el señor Jaime Humberto
Constantino Trujillo, a quien por golpear con su vehículo un tambo que se encontraba situado como parte de un señalamiento vial en el camino sobre la carretera Cosoleacaque en enero de 2003, agentes de la policía auxiliar de la SSP le pidieron 700 pesos sin darle comprobante alguno.
La séptima recomendación fue 60Ú2004 llegó el mismo día que la anterior, de igual forma otra recurso de impugnación interpuesto por el señor José Gutiérrez Rodríguez, quien denunció violaciones al derecho a la legalidad y a la seguridad jurídica por la prestación indebida del servicio público, por funcionarios de la Coordinación General de Transporte en el Estado de Chiapas, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Económico.
La oficina en cuestión otorgó una concesión para prestar el servicio público de transporte, en su modalidad de taxi, que le debería corresponder al demandante a nombre de otra persona, según se publicó el 27 de septiembre de 2000, en el Periódico Oficial del Estado de Chiapas.
La octava recomendación fue la 64Ú2004 que llegó el 2 de septiembre, de igual forman otro recurso de impugnación promovido por el señor Carlos Velasco Coello quien denunció robo de ganado y identificó a los responsables y que pese a existir denuncia d e por medio la PGJE nunca ejecutó las órdenes de aprehensión.
La PGJE al rechazar la recomendación del ombudsman local argumentó que ""el área en la que se pretendía llevar a cabo la ejecución de la orden de aprehensión es considerada por la misma población como un área conflictiva y, en ese sentido, no se contaba con las condiciones necesarias para llevar a cabo tal mandamiento"".
La novena recomendación directa al gobierno de Salazar fue la del pasado 21 de diciembre, la número 85Ú2004, a consecuencia de un recurso de impugnación, la CNDH la emitió dirigida al gobernador, por los casos de cinco menores, quienes cursaban su formación escolar en el Centro de Desarrollo Infantil (CENDI) No. 1, en Tuxtla Gutiérrez; sin embargo, esa institución fue cerrada por remodelación -se les cubrió el pago de guarderías privadas en ese lapso-.
Tras concluir la remodelación y al tratar de ser reinscritos, les notificaron que esa instancia escolar era únicamente para los hijos de los trabajadores que laboraran en las oficinas centrales de los Servicios Educativos para Chiapas, hecho que es violatorio a los derechos de igualdad y educación de los menores.
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