Entre 2018 y 2024, Chiapas se consolidó como el principal escenario de la crisis migratoria en México, con un incremento del 700 % en el flujo de personas en situación irregular, de acuerdo al Informe Especial “La CNDH y la migración en caravana: Hechos y derechos”.
El extenso documento, presentado este 27 de octubre de 2025, fue elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), revela que la entidad ha sido la puerta de entrada de las caravanas y el lugar donde se han registrado graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo el uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades migratorias y de seguridad.
Éxodos
Desde la primera caravana masiva en 2018, integrada por más de 10 mil personas, muchas de ellas originarias de Honduras, El Salvador y Guatemala, Chiapas ha sido testigo de la llegada constante de migrantes que buscan transitar hacia Estados Unidos.
Sin embargo, la falta de documentos y los largos tiempos de espera para regularizar su estancia han provocado que miles permanezcan varados en condiciones de marginación e insalubridad, principalmente en Tapachula.
La CNDH documentó que, en múltiples ocasiones, personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional (GN) realizaron operativos de contención que derivaron en agresiones físicas, detenciones arbitrarias y uso desproporcionado de la fuerza.
Casos
Dos de las tres recomendaciones emitidas por el organismo 50/2020 y 102/2021 se derivan de estos hechos ocurridos en municipios como Suchiate, Huehuetán y Tuzantán.
Además, en 2023, la CNDH emitió la Recomendación 95/2024 por la muerte de una persona migrante en Huixtla, luego de que personal de la Secretaría de Salud estatal omitiera brindarle atención médica urgente.
Aproximadamente un tercio de las personas que viajan en caravanas son niñas, niños y adolescentes (NNA), muchos de ellos no acompañados, lo que agrava su vulnerabilidad ante redes delictivas y condiciones extremas durante el trayecto.
A pesar de las medidas cautelares solicitadas por la CNDH y la presencia de organismos civiles e internacionales, las caravanas continúan siendo una opción para quienes buscan visibilizar su situación y exigir protección.
El informe concluye con un llamado a las autoridades federales y estatales a implementar protocolos de atención con perspectiva de género y enfoque diferenciado, priorizando la seguridad y la dignidad de las personas migrantes, en lugar de políticas de contención que criminalizan su tránsito.
