En ciudades como Tapachula o Tuxtla Gutiérrez, obtener el estatus de refugiado es apenas el primer paso en una carrera de obstáculos para acceder a un empleo digno, abrir una cuenta bancaria o evitar la discriminación. Esta es la conclusión central del libro “México: ¿Un país de refugiados?”, presentado en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur (Cimsur).
En el marco de la mesa redonda “Temas Emergentes en la Bibliografía sobre Chiapas y Centroamérica 2025”, se presentó esta investigación por Rafael Alonso Hernández y Rodolfo Cruz Piñeiro de El Colegio de la Frontera Norte (Colef), con la participación de Giovanny Castillo, investigador posdoctoral de Ecosur.
La obra, es una radiografía detallada de la crisis de refugio en México; se destaca la situación de Chiapas como principal punto de entrada y estancia temporal para solicitantes de asilo.
Ciudades chiapanecas como Tapachula, Tuxtla Gutiérrez y Palenque se han convertido en espacios críticos para entender este fenómeno.
Los investigadores recalcan que el principal desafío sigue siendo avanzar hacia políticas de integración que permitan a las personas refugiadas acceder a trabajo, educación, salud y regularización migratoria, superando prácticas de xenofobia y discriminación.
La investigación revela que en 2013 se registraron apenas mil 300 solicitudes de refugio en México, para 2021 esta cifra escaló a 130 mil, sin que todas hayan sido resueltas.
Los investigadores detallan que la población solicitante de refugio en el Sur y Sureste del país enfrenta menores niveles de ingresos y mayores obstáculos para su integración, lo que explica por qué muchas personas, una vez regularizadas, deciden desplazarse a otras entidades.
