"Isaín Mandujano * CP. Amnistía Internacional (AI), un organismo defensor de los derechos humanos con sede en Londres, Inglaterra, manifestó ayer su preocupación por el clima de intimidación y acoso que se vive en Chiapas en materia de libertad de expresión.
""Expresamos nuestra preocupación porque la legislación sobre difamación del estado de Chiapas restringe excesivamente la libertad de expresión y se está utilizando para disuadir a los periodistas de investigar y publicar material de legítimo interés público"", dijo el organismo internacional en una ""acción urgente"" emitida este lunes.
Luego de que el periodista Ángel Mario Ksherato, fuera capturado y llevado a una prisión de máxima seguridad de Chiapas, primero fue el Comité de Protección a Periodistas de Nueva York, luego Reporteros sin Fronteros de París, Francia, ahora AI de Londres, Inglaterra, que se pronunció por su libertad.
Al emitir la misiva en la que le expone al gobierno mexicano su preocupación por lo que acontece en Chiapas, pidió que se despenalicen los delitos de difamación y calumnia que son manipulados desde el poder público para inhibir la libertad de prensa y de expresión.
Recordó el caso de Ksheratto acusado de difamación y recluido en el penal donde un juez le ha impuesto una fianza de 126 mil pesos más 30 mil por dano moral a la supuesta ofendida, una servidora del sector público gubernamental estatal.
""Amnistía Internacional considera que esta nueva detención puede constituir acoso judicial, y que el caso de este periodista encaja en una práctica constante de intimidación a profesionales del periodismo con el fin de restringir la libertad de expresión"", dijo el organismo inglés.
Para AI, la alta suma que se impuso como fianza para obtener la libertad es un obstáculo desproporcionado a la libertad provisional por un delito no grave.
""Esta cuestión hace temer seriamente que el juzgado que se encarga de los cargos de difamación contra Ksheratto no sea lo suficientemente independiente e imparcial como para cumplir las normas internacionales de justicia procesal"", subrayó.
Agregó que la difamación es en México un delito penal, y en ocasiones se utiliza para silenciar e intimidar a periodistas que informan sobre cuestiones de interés público, lo que en la práctica restringe la libertad de expresión.
Recordó que el estado de Chiapas cuenta con la legislación más estricta de todo México respecto a la difamación, tras haber introducido en mayo de 2004 nuevas reformas del Código Penal que aumentan las penas de prisión por este delito a entre tres y nueve anos.
Antes de que se introdujeran estas reformas, la pena establecida era de entre dos y cinco anos de prisión. Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, incluida la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han pedido repetidamente que se reforme la legislación sobre difamación para convertir este delito en delito civil, que no entrane la detención.
En este sentido, AI manifestó su preocupación por la nueva detención de Ksheratto Flores después de que, según los informes, infringiera las condiciones de libertad condicional que le fueron impuestas en 2003.
Así mismo, se dijo preocupada porque su detención y las condiciones excesivas de fianza que le puedan ser impuestas pueden constituir acoso a consecuencia de su trabajo legítimo como periodista.
Pidió además al gobierno de Vicente Fox y de Pablo Salazar garanticen la aplicación inmediata e imparcial de las normas internacionales de derechos humanos para garantizar que Ksheratto reciba un juicio justo.
""Expresamos nuestra preocupación porque la legislación sobre difamación del estado de Chiapas restringe excesivamente la libertad de expresión y se está utilizando para disuadir a los periodistas de investigar y publicar material de legítimo interés público; es por eso que pedimos que se ponga en práctica la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de convertir la difamación en un delito civil que no entrane la detención"", concluyó.
En la carta pide a la comunidad internacional de medios, periodistas, organismos defensores de derechos humanos y otros sectores, hagan un llamado al presidente Vicente Fox, al gobernador Pablo Salazar, al fiscal del estado, Mariano Herrán, al director de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Bernardo Sepúlveda y a José Luis Soberanes Fernández, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para que intercedan en el caso, se vele y se garantice la libertad de expresión en esta entidad del sureste mexicano.
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