Chiapas lideró la reducción del porcentaje de pobreza, -2.5 %, y pobreza extrema, 1.5 %, en las entidades federativas del sureste de México, de acuerdo al Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social para el ejercicio fiscal 2022 de la Secretaría de Bienestar (SB).
Respecto al porcentaje de población en condiciones de pobreza multidimensional, el 29 % se encuentra en pobreza extrema, 46.4 % en pobreza moderada, 3.3 % vulnerables por ingresos, 14.1 % vulnerables por carencia social y 7.1 % no pobres y no vulnerables.
El informe publicado en el Diario Oficial de la Federación, determinó que 92 zonas rurales fueron agregadas a atención prioritaria, de acuerdo a la Dirección General de Padrones de Beneficiarios de la secretaría.
Además que mil 534 zonas rurales fueron propuestas como de atención prioritaria en la entidad, con el objetivo de orientar las obras y acciones que se realicen con los recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
La atención prioritaria tratará de combatir los indicadores de carencias, los cuales son los siguientes: que el 19.6 % de la población de la entidad no cuenta con acceso al agua, el 8.1 % no tiene acceso a drenaje, mientras que el 45.8 % de las viviendas no tienen chimenea, siendo que usan leña o carbón para cocinar.
Los informes están basados en los datos arrojados por las unidades médicas de seguro social del régimen de la SB, de las sucursales de sus bancos y los proyectos planeados de infraestructura social.
De acuerdo a los indicadores de seguimiento de derecho a la vivienda digna, el informe retrata que el 8.3 % de la población tiene viviendas con piso de tierra y el 14.3 % vive con hacinamiento.
Respecto a los indicadores de carencias sociales, el 32.5 % de la población tiene rezago educativo, 37.1 % no tiene acceso a la salud, 78.9 % no tiene acceso a la seguridad social, 20 % con malos espacios para vivienda y 24.5 % no tiene acceso a una alimentación de calidad y nutritiva.
Dentro de las cláusulas, el documento destacó que se considerará prioritario la atención a los grupos sociales y comunidades históricamente excluidos, así como a la población más vulnerable y marginada a lo largo y ancho del territorio nacional.
En este sentido, subrayan, se han reorientado las acciones gubernamentales para cubrir derechos y necesidades de los grupos poblacionales histórica y territorialmente más rezagados.
Este informe, explican, servirá como base para el seguimiento trimestral que las entidades, municipios y demarcaciones territoriales deberán reportar a la Secretaría de Bienestar por conducto de la Dirección General de Desarrollo Regional, así como a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.