Se aprobó la reforma constitucional que establece los límites territoriales entre Chiapas y Oaxaca, por la cual, legalmente, un área correspondiente a 160 mil hectáreas en la zona de Los Chimalapas pasa a jurisdicción del estado vecino.
Fueron 34 votos a favor de las y los diputados de la LXV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca que generaron la aprobación de la reforma, la cual dio cumplimiento a la Controversia Constitucional 121/2012 dictada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Esta reforma autoriza al gobierno oaxaqueño suscribir el Convenio Amistoso de Límites Territoriales, a fin de reconocer los límites actuales entre los municipios de San Pedro Tapanatepec y San Francisco del Mar, en el estado de Oaxaca, y los municipios de Arriaga y Tonalá, en Chiapas.
Este proceso se desarrolló a través de actos de conciliación entre el Gobierno de Chiapas y de Oaxaca, y se logró después de la resolución por parte de la Suprema Corte.
El resolutivo proviene de una lucha territorial de tres décadas por habitantes de la selva de Los Chimalapas en la región del Istmo de Tehuantepec, quienes recientemente lograron que autoridades de Oaxaca implementen una ruta jurídica para reformar la Constitución Política del Estado para modificar los límites entre Oaxaca y Chiapas.
De acuerdo al análisis del caso de la SCJN, el conflicto inició en la década de los 40, cuando el estado de Chiapas creó un nuevo municipio llamado Belisario Domínguez, sobrepasando sus límites territoriales y acaparando unas 160 mil hectáreas de selvas y bosques de Oaxaca.
Esas hectáreas oaxaqueñas fueron hasta 1940 propiedad comunal de los zoques chimalapas, quienes tenían títulos virreinales ratificados por decretos presidenciales.
Al ser una zona rica en madera, el gobierno chiapaneco de entonces vio una oportunidad de explotación, así que apadrinó a empresas madereras y gestionó con el Gobierno Federal permisos de exportación, quien los autorizó bajo el argumento de que eran terrenos nacionales.
Si bien esta reforma constitucional busca construir la paz y el bienestar entre los estados, se espera la reacción de latifundistas, pobladores y empresarios, inconformes con la resolución de la Corte.