La propuesta del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de San Fernando, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), expuso los desafíos que enfrenta el municipio para equilibrar su crecimiento demográfico con la protección ambiental.a
Este deja en claro que el futuro dependerá de cómo se gestionen dos fuerzas opuestas: la necesidad de vivienda y servicios para su población y la urgencia de conservar su patrimonio natural.
Expansión en tensión
Se destaca que en 2024, 178.47 hectáreas (has) de tierras no destinadas a urbanización ya han sido ocupadas para desarrollo urbano, principalmente mediante el dominio pleno (regularización de tierras ejidales) y ocupaciones irregulares, fenómeno que es visible en las localidades de San Antonio, El Canelo y ampliaciones de Vicente Guerrero o Viva Cárdenas.
De las 241 hectáreas (ha) reservadas para vivienda, solo 184.17 has están dentro de los límites urbanos actuales. Además quedan 166 ha disponibles para expansión, pero ubicadas en un Área Natural Protegida, lo que obliga a cumplir con la Ley Agraria y normativas ambientales.
El rompecabezas normativo
El artículo 65 de la Ley Agraria otorga a las asambleas ejidales la facultad de delimitar zonas urbanas, pero siempre bajo normas técnicas y ambientales. Por su parte, el artículo 66 exige la intervención de autoridades municipales y de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) cuando el crecimiento afecta áreas protegidas.
"El reto es conciliar los derechos de los núcleos agrarios con la protección ecológica. No se puede improvisar", señala el análisis, que advierte que el crecimiento hacia la Carretera Federal 190 —en ejidos como Viva Allende y Viva Cárdenas— podría acelerar la presión sobre estas zonas, dada su cercanía con Tuxtla Gutiérrez y su potencial integración metropolitana. "Si no se regulan los mecanismos de dominio pleno y se frenan las ocupaciones irregulares, el riesgo de daños ambientales y conflictos sociales aumentará", alerta el documento.
Propuestas
El programa municipal propone: fortalecer la coordinación entre ejidatarios, autoridades locales y federales para garantizar que la urbanización cumpla con criterios técnicos y legales; explorar modelos de desarrollo compacto en zonas ya urbanizadas, antes de invadir reservas ecológicas; y regularizar con enfoque sustentable las ampliaciones en ejidos, priorizando proyectos que eviten la fragmentación de hábitats.
