Un empresario productor de mojarra tilapia, en el municipio de Mazatán, hace un llamado a las autoridades agrarias y de los tres órdenes de gobierno —que están inmersas en el tema—, luego de un conflicto que afecta a su actividad y provoca cuantiosas pérdidas económicas.
Señala que a través de un traspaso legal obtuvo los derechos de cesión de una parcela que se encuentra encerrada entre los terrenos de la familia de la persona cesionaria —la cual antes le cobraba por el paso vehicular denominado “de servidumbre”—, a través de la cual podía llevar el alimento a los criaderos y permitir un canal de agua.
Desde el momento de la adquisición no hubo problemas por los acuerdos hechos con la familia, misma que cedió los derechos el pasado 6 de enero de 2015 ante notario público, dejando también el certificado parcelario debidamente presentado ante la asamblea el 16 de agosto de 2018. Según los documentos, el traspaso se hizo con María del Socorro Hidalgo Sumoza (cesionaria), acorde con la ley vigente, por usos y costumbres, servidumbre y todo cuanto derecho corresponde a favor de Alberto Ibarra Ramos (empresario).
Una vez con la posesión del predio se estableció el criadero de mojarra tilapia, especie que comercializa en la zona y en otras partes del estado, por lo que el terreno está encerrado sin salida a la calle o ruta para la misma explotación de este.
Es decir, le corresponde por derecho y de acuerdo con el Código Civil la solución que esté para facilitar al propietario, usufructuario o usuario de un inmueble destituido de toda comunicación con el camino público por la interposición de otras.
Violación del acuerdo
Alberto Ibarra optó —todavía no por la vía legal— exigir el paso de servidumbre a través de un acuerdo con los propietarios del terreno colindante a su parcela, con María del Socorro Hidalgo Sumoza, el ex comisariado ejidal Arturo Hidalgo Sumoza y Simón Martínez (esposo de ésta), para el pago de una renta, con tal de permitir el paso por sus terrenos y de un canal de agua.
Así lo hicieron durante muchos años, hasta que ésta decidió condicionar y finalmente cerrar el paso, provocando de manera arbitraria el quiebre de la actividad de Ibarra Ramos.
A pesar de los documentos firmados con vigencia del contrato (con firmas y sellos de las autoridades rurales), hoy se niegan a dar el paso de servidumbre, argumentando que no es suficiente el dinero que ha pagado para ese derecho, violando flagrantemente la ley pese a que ya se había quitado un callejón de acceso, “e inicialmente hoy quitan el otro”, comentó.
Con el pretexto de querer subir el pago han manipulado a los vecinos para que, en conjunto, se le niegue el paso al producto acuícola, lo que ha provocado pérdidas, incluso al sacrificio de alevines al no poder procesar el alimento para su venta y reproducción.
