Integrantes del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) confirmaron que cinco partidos políticos, tres de orden nacional y dos locales, perdieron su registro y acreditación debido a que no alcanzaron el 3 % de los votos requeridos durante los comicios ordinarios y extraordinarios que se realizaron durante 2021 y el pasado mes de abril de 2022.
María Magdalena Vila Domínguez, consejera electoral en el IEPC, enfatizó que en estas circunstancias se encuentran los institutos locales Nueva Alianza Chiapas y Partido Popular Chiapaneco, ya que ninguno de ellos obtuvo los sufragios necesarios para mantener su registro.
Nacional
En la parte nacional, ocurrió una situación similar con los partidos políticos Movimiento Ciudadano, Fuerza por México y de la Revolución Democrática (PRD), quienes perdieron su acreditación. Con lo antes señalado, además de que ya no tendrán a los representantes ante el Consejo General del IEPC, dichos institutos se quedan sin las prerrogativas destinadas para el resto del año, bolsa que se distribuirá entre los nueve que aún sobreviven.
Vila Domínguez comentó que en el caso de Movimiento Ciudadano hay una situación atípica: quedaron en el 2.97 %, es decir, les faltaron 462 votos para mantener su acreditación. No obstante, mencionó la consejera electoral que el representante de este partido político argumentó que la decisión del Consejo General será impugnada en tribunales.
Impugnaciones
“Todavía esto no ha concluido, esto es una etapa más de toda esta situación que está pasando. El derecho a impugnar lo tienen al momento de que se expide un acuerdo, una resolución del instituto, como un acto de autoridad y cualquier partido lo puede impugnar”, enfatizó.
Dijo que de acuerdo con la ley, no pueden crearse nuevos partidos políticos hasta después de la elección para gobernador, es decir, hasta el 2025. Lo que viene a hora es que dichos partidos políticos se enfrentarán a un proceso de liquidación por el manejo que hacen de los recursos y tendrán que someterse a una revisión en términos de fiscalización.
