Después de que se viralizara el caso de una vendedora de chicharrines a quien, acompañada de sus hijos, se le decomisó su mercancía por parte de elementos de Servicios Públicos de San Cristóbal, ciudadanos, en conjunto con la asociación Jk’anojot (“Te quiero” en tsotsil), mostraron solidaridad otorgándole víveres.
En entrevistas compartidas por la fundación, la vendedora, quien no habla español sino tsotsil, relató que los elementos le decomisaron su producto, además de exigirle los 200 pesos que traía consigo en ese momento.
Fue a través de las redes sociales que la propia fundación logró contactar con la afectada, quien recibió incluso juguetes para sus hijos, y en donde apoyaron
Defienden actuar
Tras darse a conocer el caso, el ayuntamiento de San Cristóbal, encabezado por Fabiola Ricci, publicó un comunicado oficial en donde defendió el actuar del elemento argumentando que se mantienen acciones de “ordenamiento y supervisión en la vía pública”.
Especificaron que el actuar del municipio estuvo en el marco de las labores ordinarias de supervisión y ordenamiento que se aplican de manera general a las personas que realizan actividades comerciales.
Esta situación se da en contexto donde otras vendedoras de alimentos han señalado que la actual administración municipal les ha limitado el vender en espacios como la catedral de San Cristóbal, un cambio que los ciudadanos han notado.
