Clausuran 60 bares en operativos permanentes de salubridad

Los operativos en bares, cantinas y negocios donde se expenden bebidas alcohólicas continuarán en los distintos municipios de la Jurisdicción Sanitaria VII, informó su titular José Esaú Guzmán Morales, quien señaló que de las visitas que se han realizado durante los primeros 7 meses del año, suman ya más de 60 establecimientos clausurados por diversas irregularidades.

Dijo que no se trata de una cacería o persecución sino de que todo esté en regla, que existan las condiciones sanitarias del lugar, permisos o licencias de funcionamiento, seguridad y se cumplan con las normas establecidas; en las acciones no sólo participa el sector Salud, sino la PGJE, Protección Civil y los ayuntamientos, entre otras dependencias.

Afirmó que hay cero tolerancia para aquellos restaurantes, bares o cantinas que no cuentan con licencias de funcionamiento, los cuales son clausurados de manera definitiva porque violentan la norma sanitaria e incluso podrían ser acreedores a sanciones pues esto se tipifica como delito, mientras que aquellos que sí cuentan con estos requisitos pero tienen algunas irregularidades son apercibidos y se les exhorta a que en un tiempo determinado cubran sus anomalías.

Denuncias

Las denuncias de la población son atendidas y parte de la respuesta que se da es la verificación de cada instancia en el ámbito de sus funciones, como ha ocurrido en Tapachula, Huixtla, Tuxtla Chico, Cacahoatán y los demás municipios donde se han hecho los operativos de verificación.

En relación a los municipios que han presentado mayor número de negocios clausurados, Guzmán Morales, señaló que en municipios grandes como Tapachula y Huixtla es donde se han interpuesto más sanciones y se han encontrado negocios que no cuentan con los permisos o licencias para su funcionamiento.

Suspensiones

En los casos en que tanto la Secretaría de Salud como la PGJE colocan sus sellos, son los propietarios de los inmuebles los que tienen que hacer los trámites administrativos para que las autoridades retiren los sellos de aseguramiento o suspensión y puedan disponer de los establecimientos.