La Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud clausuró de manera definitiva a Cales y Morteros del Grijalva SA de CV, empresa que fue tachada de ecocida por diversos grupos activistas y que arrastraba una serie de denuncias interpuestas desde 2002 por atentar contra la salud de los chiapacorceños que viven en las inmediaciones.
Autoridades de Salud confirmaron que acataron una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), emitida ante el incumplimiento de una conciliación por la violación al derecho humano a un medio ambiente sano, y la falta de acciones para garantizar la protección y preservación del Parque Nacional Cañón del Sumidero.
Al respecto, Diana Mazariegos, subdirectora de la Dipris, aclaró que la clausura pasó por un proceso en donde se verificó, dictaminó, se sacó una orden de suspensión, se ratificó a la empresa y finalmente se le ordenó su reubicación.
Esta acción también obedece a varias quejas por parte de la ciudadanía y por mucho tiempo las autoridades habían hecho caso omiso a lo que solicitaba la población; ante ello, señaló que la directora de Riesgos Sanitarios, Margarita Aguilar Ruiz, tiene claras las instrucciones del mandatario estatal de aplicar la justicia.
Sobre su reubicación, la empresa tendrá que irse a un lugar que reúna las características que no afecte a la flora y fauna, así como no atente contra la salud de la ciudadanía, ya que por este rubro se presentaron denuncias desde el 2002.
Refirió que el 28 de abril pasado la CNDH emitió la recomendación número 12/2019 dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y al gobierno del estado luego de detectar que las autoridades involucradas no habían desarrollado las acciones necesarias para la efectiva protección del Parque Nacional Cañón del Sumidero.
De igual manera, dio a conocer que se interpuso en agosto pasado la suspensión total temporal de trabajos y servicios del establecimiento, para efectos de reubicación de la empresa a otro lugar.
Al no cumplir con el plazo otorgado para efectos de la reubicación de 90 días naturales, cumplidos el 31 de octubre de 2019, el caso fue turnado al Departamento de Resoluciones y Sanciones, por lo que se resolvió la clausura definitiva total del establecimiento.
Notificación que se le hizo el pasado 17 de diciembre de 2019.
Pero fue hasta este lunes que se ejecutó la sanción administrativa consistente en la “clausura definitiva total del establecimiento”, por lo que se colocaron los sellos en el portón principal de acceso y en el área de la gerencia.
Afectaciones
Tras 50 años de operaciones desde que el empresario Domingo Muguira, su fundador, pusiera en marcha esta calera que después vendió a otros empresarios, el daño ha sido de gran impacto a nivel ambiental dentro del Parque Nacional Cañón del Sumidero en donde se formó un gran boquete, exponiendo la magnitud del ecocidio, asimismo por las mantas de polvo gris y blanco que cubrió y mató la vegetación de forma gradual, en donde algunas especies aún luchan por sobrevivir.
Incluso un arroyo del que se tiene registro que atraviesa esa región se secó prácticamente y solamente renace en la temporada de lluvias; el agua viene a subsanar un poco su deterioro originado por la cal que lo ha cubierto durante años, pero con la nueva medida y la aplicación de la ley por parte del gobierno de Chiapas, se espera que esta zona reverdezca y resurja.
Con relación a la salud de las personas que viven en los alrededores, activistas y el Movimiento Ciudadano en Defensa del Cañón del Sumidero señalaron que muchas personas han sufrido enfermedades derivado de estar expuestas a los polvos que provoca la extracción del material pétreo en esa montaña, padecimientos como alergias, rinitis y problemas pulmonares, que ha provocado severos daños en su constitución física, sobre todo de niños y ancianos, que orillados por la pobreza se negaban a permanecer en las colonias aledañas a la calera ecocida.
