La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró tres plantas extractoras de aceite de palma y un banco de material, acciones que expusieron un patrón de negligencia ambiental por descargas clandestinas de aguas residuales sin tratamiento, evasión de pagos federales y operaciones al margen de la ley.
Goteo de negligencia
Las plantas clausuradas pertenecían a la Cooperativa Unión de Palmicultores de la Costa de Chiapas, Pakal Consultores en Agronegocios del Sureste y Aceitera Chiapaneca La Palma, que operaban en los municipios de Acapetahua y Villa Comaltitlán con irregularidades constantes.
Ninguna contaba con autorización para descargar aguas residuales, pese a generar líquidos tóxicos durante la extracción del aceite.
Además de sistemas de tratamiento inexistentes o defectuosos que provocaron la infiltración de contaminantes como nitrógeno, fósforo y bacterias coliformes en suelos y zonas aledañas, incluyendo una laguna de oxidación.
“Estos residuos contienen contaminantes como nitrógeno, fósforo, materia orgánica y bacterias coliformes fecales que deterioran la calidad del agua y el suelo, afectan la salud de la población y alteran la biodiversidad y la estabilidad de los ecosistemas”, advirtió la Profepa en su boletín, citando el artículo 121 de la Ley General del Equilibrio Ecológico.
Opacidad financiera
También se detectó opacidad financiera, pues las empresas evadieron pagos de derechos federales y ocultaron registros de volúmenes de descarga entre 2024 y 2025.
La palma africana, cultivo impulsado como “sustentable”, ha sido señalada por organizaciones como Greenpeace por deforestación y acaparamiento de tierras.
A estas acciones se les suma la clausura de un predio dedicado a la extracción no autorizada de barita, mineral estratégico para la industria energética, y el aseguramiento de maquinaria pesada utilizada en los trabajos.
Además del cierre temporal de un banco de material en el predio Yucatán, municipio de Jiquipilas, donde se realizaban actividades de extracción de recursos naturales sin autorización; y que afectaron 4.6 hectáreas de superficie forestal.
Sanciones pendientes
Las clausuras son parciales y temporales, pero obligan a las empresas a detener procesos. La Profepa exigió la instalación de sistemas de tratamiento, monitoreo constante de descargas y pago de deudas federales. Además, inició procedimientos administrativos que podrían derivar en multas millonarias o el cierre definitivo de dichas plantas.
