Hace más de 20 anos que la comunidad académica, una parte de la periodística y otra muy pequena de la clase política insistimos en tomar medidas que, al tiempo que se transitaba hacia un nuevo modelo político, condujeran a erradicar la corrupción generalizada en los aparatos del Estado. La respuesta fue la sordera sistemática por parte de quienes detentaron sucesivamente el poder.
La evidencia y la razón muestran que no sólo no se hizo lo necesario, sino siquiera lo indispensable para acometer esta tarea. Como hiriente prueba, El Universal (18/IX/08, pág. 1, nota de Alejandro Jiménez) muestra cómo La Familia tejió una red de protección política en Michoacán que incluye alcaldías, policías, y diputados federales.
Si el ejercicio que hizo el reportero se replicara en todo el país, en los poderes del Estado y en los órdenes de gobierno, seguramente nos llevaríamos una enorme sorpresa. Una sorpresa equivalente a la ausencia de información oficial sobre el grado de penetración de la corrupción en los ámbitos gubernamentales y de colusión entre políticos, funcionarios y crimen organizado. Una sorpresa del mismo tamano de toda la rendición de cuentas que le ha sido negada una y otra vez a la sociedad por la clase política.
Cuando el Estado mexicano inició una transformación profunda de sus vínculos con la economía, insistimos en la necesidad de cambiar el patrón de relación de los funcionarios públicos con los negocios privados y de garantizar el control sobre su ejercicio de los bienes del erario. Un Estado renovado requiere nuevas estructuras y mecanismos de control del poder.
En lugar de ello inició un cambio inexplicablemente lento, que ofrece fundamento a la hipótesis de la complicidad. En pocas palabras, en lugar del cambio se mantuvo la estructura de arbitrariedad que ha permitido a viejos y nuevos actores usar los dineros públicos en el marco de un sistema arcaico de rendición de cuentas.
Aunado lo anterior a la tolerancia hacia el crimen organizado y su penetración en los gobiernos y poderes del Estado tenemos a la vista el resultado de la combinación entre cleptocracia y terror.
Por omisión o comisión, quienes detentaron y detentan el poder desde diferentes partidos políticos y posiciones de gobierno son responsables de la creación de este tejido infernal desde el que las bandas organizadas y sus cómplices en los gobiernos atentan contra la población indefensa.
El Presidente de la República ha llamado a la unidad. No se puede regatear la inmediata respuesta positiva. Pero debemos exigir que este llamado incluya no solamente la persecución policiaca y militar, sino la transformación política que los gobernantes han pospuesto negligentemente una y otra vez. La agenda de esta transformación debe ser colocada en el centro del llamado a la unidad. [email protected]
* Investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM
