Clínicas clandestinas, aliadas de prácticas abortivas

Clínicas clandestinas, aliadas de prácticas abortivas

Especialistas

Carmen es una especialista con 22 años de experiencia en salud reproductiva en la zona Altos, y comparte su conocimiento en este asunto, con la única condición de guardar su identidad por temor a represalias. Detalla que, ante la ausencia de leyes que protejan a las mujeres, un gran número de ellas acude con médicos particulares y, cuando las condiciones económicas lo permiten, son ingresadas argumentando apendicitis u otras enfermedades para disfrazar el aborto.

Dependiendo de las semanas del embarazo, explica, se pueden utilizar dos métodos para abortar: mediante un “legrado” y el “AMEU” en el primer caso se utilizan equipos para extraer el producto; en el segundo, se ocupan cánulas y una jeringa.

Las consecuencias de un aborto no son fáciles, tienen efectos colaterales ya que aumentan la esterilidad en un 10%, los abortos espontáneos también en un 10%, y los problemas emocionales suben del nueve al 59%. Además, hay complicaciones si los embarazos son consecutivos y la mujer tiene el factor RH negativo. Los embarazos extra-uterinos aumentan de un 0.5% a un 3.5%, y los partos prematuros de un cinco por ciento a un 15%. También pueden darse perforación del útero, coágulos sanguíneos en los pulmones, infección, y hepatitis producida por las transfusiones, que podría ser fatal.

Por otro lado, cada vez más investigaciones tienden a confirmar una importante tesis médica: que la interrupción violenta del proceso de gestación mediante el aborto afecta las células de las mamas, haciéndolas sensiblemente más propensas al cáncer.

Asimismo, señalan que el aborto, especialmente en los últimos meses del embarazo, es notablemente más peligroso que un parto. En los países ricos mueren dos veces más mujeres por aborto legal que por disfunciones del parto. Por otro lado, algunas mujeres tienen problemas emocionales y psicológicos inmediatamente después del aborto, otras los tienen muchos años después: se trata del Síndrome Post Aborto.

Las mujeres que lo padecen niegan y reprimen cualquier sentimiento negativo por un periodo promedio de al menos cinco años. Después surgen una variedad de síntomas, desde sudoraciones y palpitaciones, hasta anorexia, alucinaciones y pesadillas.

Precios

Para el caso de un legrado, según los especialistas en salud, el costo puede ser de unos ocho mil pesos; otros métodos, como el AMEU, alcanzan los tres mil 500 pesos; para una mujer de escasos recursos es, prácticamente, imposible pagar esas cantidades. 

Con base en lo señalado por Carmen, el aborto tiene una gran demanda por parte de la población joven que va desde los 14 a los 30 años, sin importar si son personas de comunidades originarias o de población que vive en zonas urbanas. Los casos son generalizados.

“Debemos ser realistas, también existen jóvenes que han decidido abortar por no planificar, cuando existen métodos de barrera que los distribuyen gratis en el caso del condón, o desde 90 pesos en el caso del condón femenino”, señaló la especialista.

Lucía confesó que su embarazo ocurrió por descuido, por no utilizar métodos anticonceptivos, ni siquiera los más básicos.

Sobre la discusión que existe de despenalizar el aborto, considera que cuando una mujer esta decida a interrumpir su embarazo lo hace sin importar el método que se utilice y la forma puede ser tan complicada o sencilla, que hasta en cualquier farmacia venden pastillas para no tener el producto. 

De acuerdo con Leticia Pérez de la Cruz, psicoterapeuta con 15 años de experiencia en Chiapas, desde que una mujer esta embarazada existen fuertes cambios hormonales, físicos y psicológicos, “pero existen más cargas emocionales si un bebé es concebido con violencia”. 

En los casos donde los recursos económicos no son suficientes, enfatiza Velázquez Fiallo, es donde las mujeres mueren debido a que están en condiciones de precariedad, viven en un mundo de violencia o no pueden acceder a los medicamentos. 

Con más de una década de retraso, el aborto en Chiapas aún no es legal y, según el artículo 181 del Código Penal, solo puede darse si existe una violación que se compruebe, cuando la madre esté en riesgo o si el producto presenta alteraciones congénitas.

Activistas coinciden en que existen diferentes mitos tras la despenalización del aborto, entre ellos: la reincidencia y que se utilice como un método anticonceptivo, pero por la culpabilidad física, emocional y psicológica que cargan las mujeres, eso sería imposible. 

La salud mental de la mujer, más allá de las decisiones que tengan para abortar o no, remarca De la Cruz, psicoterapeuta, es un tema que se esta dejando a un lado cuando se pueden suscitar hechos traumáticos. 

Adicional a ello, también se ha creado la falsa idea de que las mujeres tienen que cargar con el peso de decidir si son o no madres; abortar y soportar los prejuicios sociales puede traer como consecuencia reacciones ansiosas, depresivas, sentimientos de vacío y dolor.

En el caso de Lucía, una vez que culminó todo el proceso y de que confirmó que no quedaron residuos en su vientre, vino otro duro golpe: el remordimiento; ese proceso lo pasó sola, a su novio ya no le importó el tema.

Contexto

La última vez que se tocó el tema en el Poder Legislativo, fue en 1990, durante la época del gobierno de Patrocinio González Blanco Garrido, sin embargo, dicha intención de reformar las leyes no prosperó, de inmediato grupos provida y religiosos se manifestaron en contra, quedando el trámite en buenas intenciones, solo como un antecedente histórico. 

Posteriormente, en el 2009, se reformaron los artículos 179, 180, 183 y se derogó el 182 del Código Penal del estado, estableciendo penas para el personal médico y parteras que intervinieran en los abortos. 

Más adelante, en el 2016, se abrogó la Constitución Política de Chiapas de 2011; el gobierno saliente reguló el artículo 4 en su párrafo cuarto y quedó de la siguiente manera: “se protege el derecho en el momento de que es concebido”, lo que representa un obstáculo para que se legisle a favor de la despenalización. 

En el contexto nacional, el pasado 6 de febrero, la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó la iniciativa para despenalizar la interrupción del embarazo en todo el país, a pesar del voto en contra del Partido Acción Nacional (PAN) y Partido Encuentro Social (PES). Ahora el dictamen pasará a la Comisión de Salud para continuar con su análisis y posterior aprobación o rechazo.

La iniciativa fue presentada e impulsada por la fracción parlamentaria de Morena, y busca reformar y adicionar varias disposiciones de la Ley General de Salud en materia de interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas, salud sexual y reproductiva.

En Chiapas, los legisladores y diputadas están a la espera pero, opina Velázquez Fiallo, en el aspecto jurídico se tiene que hacer una distinción en dos aspectos importantes: el primero, cuando una mujer decide interrumpir su embarazo por decisión propia no se le debe juzgar a través de procesos penales, mas si es obligada a que lo haga, sí se tiene que sancionar a esas personas que ejercen violencia; mientras tanto a esperar, aunque ello signifique más criminalización y señalamientos para las mujeres que abortan en la clandestinidad. 

Mientras estos cambios en la legislación local llegan, la práctica del aborto en Chiapas seguirá desde la clandestinidad, al igual que la lucha que realizan diversos colectivos de mujeres a favor de la despenalización y por el derecho de las mujeres de decidir sin ser criminalizadas.

De acuerdo a Amnistía Internacional, legislar en la materia, es una necesidad básica de atención de la salud para millones de mujeres, niñas y otras personas que pueden quedar embarazadas ya que se estima que, en todo el mundo, todos los años uno de cada cuatro embarazos acaba en aborto y se realizan en lugares que no son los adecuados.

Según la Organización Mundial de la Salud, a diferencia de los abortos legales, practicados por proveedores de servicios médicos capacitados, los abortos inseguros pueden tener consecuencias fatales. Tanto es así que los abortos inseguros son la tercera causa principal de muerte materna del mundo y dan lugar además a cinco millones de discapacidades en gran medida evitables, si se realizaran en condiciones seguras.

Por tal razón la OMS considera que uno de los primeros pasos que deben darse para evitar las lesiones y muertes maternas es que los estados garanticen que las personas tengan acceso a educación sexual, puedan utilizar métodos anticonceptivos eficaces, puedan someterse a abortos legales y sin riesgos, y reciban atención con prontitud en caso de complicaciones.

Según Amnistía Internacional, la penalización del aborto tiene un “efecto disuasorio”, que puede hacer que los profesionales médicos no comprendan los límites de la ley o apliquen las restricciones de manera más estricta de lo dispuesto en ella. Puede deberse a varios factores, como las convicciones personales, el estigma sobre al aborto, los estereotipos negativos sobre las mujeres y las niñas o el temor a incurrir en responsabilidad penal, aunque una vez que se legisle en la materia tendrán que hacerlo de manera responsable.

Finalmente, las normas vigentes que limitan esta práctica, disuade a las mujeres y las niñas de solicitar atención en caso de complicaciones provocadas por un aborto inseguro o de otras complicaciones relacionadas con el embarazo, violando con ello el derecho humano a la salud y en muchos casos teniendo como costo la vida de las mujeres y niñas.